El procurador general del Estado se reafirmó en la denuncia que hizo en la víspera, según la cual la ministra de Justicia, Delia Muñoz, le había solicitado su renuncia. "Mis declaraciones se basaron en la verdad, integridad y transparencia de la función pública", señaló.
El procurador general del Estado, Daniel Soria, reafirmó este viernes su decisión de permanecer al frente de la institución y reiteró la denuncia que hizo en vísperas, según la cual la ministra de Justicia, Delia Muñoz, le había solicitado su renuncia.
Mediante un comunicado, afirmó: "Ante el pedido de la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, respecto a presentar mi renuncia al cargo, luego de sesionar con el Consejo Directivo, decidí no aceptar la solicitud, por cuanto la permanencia en dicho cargo no depende de la confianza de la titular del sector", sino de causales concretas establecidas en el Decreto Legislativo N° 1326 y su reglamento.
"Reitero que mis declaraciones se basaron en la verdad, integridad y transparencia de la función pública", señaló respecto de su denuncia.
Soria Luján consideró que la decisión adoptada "salvaguarda el ejercicio eficiente e independiente de la defensa jurídica de los intereses del Estado, así como el respeto a la institucionalidad del sistema".
Recordó que la Procuraduría General es un organismo público técnico que cuenta con autonomía funcional y competencia legal.
"El ejercicio de dicha autonomía no es incompatible con la existencia de niveles de coordinación y sinergia de esfuerzos entre los procuradores y las entidades a las que están adscritos, pero siempre en el marco del respeto de las competencias institucionales".
En cuando al proceso competencial tramitado ante el Tribunal Constitucional (TC), sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral, ratificó su "total respecto a la autonomía" de los dos procuradores que participan en el proceso: uno en representación del Poder Ejecutivo y otro, del Congreso de la República.
De acuerdo con sus declaraciones de la víspera, la ministra Muñoz le solicitó su renuncia a fin de replantear la estrategia del Estado respecto de la demanda competencial ante el TC.
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