Detienen a funcionario municipal investigado por lavado de activos

Funcionario de proyecto de limpieza "Chiclayo Limpio" es acusado de integrar red delictiva que lideró el ex alcalde del municipio de Chirinos.
José Abante Puicán es investigado por lavado de activos, asociación ilícita para delinquir entre otros. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Henry Urpeque Neciosup.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque y la Policía Nacional, intervino a 5 ex funcionarios de la municipalidad distrital de Chirinos, San Ignacio (Jaén), entre ellos el gerente de Desarrollo Ambiental del municipio de Chiclayo, José Abante Puicán Chávez.

Todos ellos son acusados por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y contra la administración pública.

La diligencia se realizó mediante un mega operativo que contó con la presencia de 50 policías y 14 fiscales, quienes lograron la captura de los ex funcionarios y familiares del ex alcalde, Juventino Sadón Gómez Torres, líder de la organización delictiva denominada “Sadón y Gomorra”.

El funcionario de Chiclayo, José Abante Puicán, fue capturado al promediar las 4:00 am en la ciudad de Eten, luego fue trasladado a la sede de la Depandro para continuar con las diligencias y finalmente fue derivado a la zona de San Ignacio, para afrontar su proceso penal.

“Es una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que ha permitido detener a estas cinco personas entre ellas un funcionario de Chiclayo, sabemos que el alcalde de San Ignacio ha logrado fugarse, pero ya los fiscales están realizando todas las diligencias” indicó la Presidenta de la Junta de Fiscales, Giovanna Del Río Carreño.

El pedido de detención preliminar ha sido solicitado para 20 personas, pero por ahora se ha capturado a, José Abante Puicán Chávez, William Delgado Pérez, César Fuentes Parraguez, la ex proveedora Sonia Adrianzén Adrianzén y el suegro del ex alcalde Artemio Bravo Perales.

De acuerdo a las investigaciones, la organización delictiva operó en los años 2011-2014 y se les acusa de haber constituido una empresa con testaferros que se convirtió en la proveedora principal de bienes y servicios de la municipalidad de Chirinos, San Ignacio, Cajamarca.

Trascendió que se habrían cobrado planillas con trabajadores “fantasmas”, para favorecer a empresas entre ellas Barca SRL, generando un perjuicio económico superior a los 5 millones de soles.

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