Absolución de comandos de Chavín de Huántar es cosa juzgada, aseguran

Expertos constitucionalistas se mostraron a favor de la posición que ha adoptado el Gobierno, que ha garantizado la defensa de los comandos de Chavín de Huántar ante la Corte IDH, ya que coincidieron en que la absolución en el fuero militar de los miembros que participaron en el rescate de rehenes de la Embajada de Japón, en 1997, es cosa juzgada.

Enrique Bernales Ballesteros, director de la Comunidad Andina de Juristas, sostuvo que es "cierto, razonable y veraz" lo dicho por el presidente Ollanta Humala sobre este caso en particular.

En entrevista exclusiva para RPP Noticias, el jefe de Estado se pronunció por primera vez sobre la denuncia presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano por el caso Chavín de Huántar.

"Creemos que tenemos la razón y vamos a defender a nuestros comandos. Garantizamos que ningún comando va ir preso por esta situación. El Estado va a responder por ellos, porque ellos dieron su cuota de sacrificio", expresó.

Al respecto, Bernales Ballesteros sostuvo que el mandatario no ha invalidado las atribuciones del Poder Judicial.

Al contrario, sus declaraciones sintonizan con lo que expresamente manda la Constitución Política del Perú, la cual dice que "no puede dejarse sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada ni cortar procedimientos en trámite ni modificar sentencias ni retardar su ejecución".

No obstante, sostuvo que es posible que los magistrados de la CIDH "conozcan mal las leyes peruanas, y en eso sí hay responsabilidad del Estado peruano".

"La defensa de Estado en organismos internacionales ha sido lamentable. Una trayectoria de dejación, malos procuradores, mala información y dejar que corran plazos", sentenció.

En otro momento, saludó la conformación de un equipo multipartidario para la revisión de este caso y que, además, el Perú solicite una revisión de las competencias de la CIDH, que -según dijo- es respaldada hasta por cinco países.

A su turno, el constitucionalista Mario Amoretti, abogado de varios excomandos, cuestionó que el Estado haya demorado la entrega del legajo que demostraba la inocencia de los 142 miembros de la operación Chavín de Huántar.

Señaló que todos esos documentos fueron entregados en 2004 a quienes iban a defender al Estado peruano de las presuntas ejecuciones extrajudiciales tras el fin de la operación militar.

Sin embargos, estos recién fueron remitidos a la CIDH el 2009, durante el gobierno de Alan García.

"La exministra Rosario Fernández manifestó que recién en 2009, ella entregó los documentos que no habían sido entregados oportunamente", manifestó.