Entre las instituciones que emitieron cartas fianza sin autorización están dos cooperativas de propiedad de Rodolfo Orellana.
La Contraloría General de la República observó un total de 524 cartas fianzas emitidas por 95 cooperativas de crédito sin autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), que generaron un perjuicio al Estado por 284 millones de soles.
Esos documentos, por un monto superior a los 397 millones de soles, fueron aceptados en forma irregular por diversas entidades públicas, informó el vicecontralor de la República, Édgar Alarcón Tejada, ante la comisión que investiga el accionar de Roldolfo Orellana.
Entre las instituciones que emitieron cartas fianza sin autorización está la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantías (181 cartas) y Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras-Coopex (126), de propiedad de Orellana.
Esas acciones de control se hicieron sobre el 71 por ciento del total de la muestra, dijo Alarcón.
Entre las entidades públicas afectadas citó a los gobiernos regionales de Áncash por un monto de 11 millones de soles; Cajamarca, por más de 904 mil soles y Huancavelica, por más de 2 millones de soles.
También están Ica, por más de 6 millones de soles; Lambayeque, por más de 3 millones de soles; Pasco, por más de 5 millones de soles; y Ucayali, por más de 3 millones de soles.
Asimismo, el Hospital de Chancay, las municipalidades de Olmos y Coronel Portillo, el Ministerio Público, en obra de la sede del distrito judicial de San Martín (Moyobamba) y al Ejército Peruano, en el trabajos de reubicación de polvorines en Iquitos.
Manifestó que en todos estos casos se han tomado medidas administrativas y penales contra los funcionarios responsables.
En el caso de la Superintendencia de Registros Públicos (SUNARP) dijo que al verificarse las denuncias sobre irregulares procedimientos registrales realizados por la red Orellana, se emitió un informe sobre presuntos delitos de omisión de actos funcionales y negociación incompatible.
Durante la sesión, diversos parlamentarios trasmitieron al vicecanciller su preocupación porque las acciones de control se realizan con lentitud y por la ausencia de alcaldes y presidentes regionales involucrados en sus denuncias.
El vicecontralor, dando respuesta a los legisladores, dijo que no existe capacidad operativa para actuar con mayor celeridad.
También informó que muchas entidades dieron trámite a las cartas fianzas de Coopex, porque ésta demandó ante el Poder Judicial al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para que la incorpore entre las entidades autorizadas a emitir cartas fianzas, hecho que posteriormente se dejó sin efecto.
ANDINA
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