Daniel Soria
El ministro de Justicia refirió que se evaluaría el nombramiento del procurador. | Fuente: Andina

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el peligro en las instituciones de ser el caso que el procurador del Estado, Daniel Soria, sea retirado del cargo tras el anuncio de evaluación por parte del ministro de Justicia, Aníbal Torres

A través de sus redes sociales, la Defensoría indicó que para que Daniel Soria sea retirado del cargo, ssería necesaria la aprobación del presidente Pedro Castillo, quien ha sido denunciado por el procurador. 

"Ante las versiones del posible retiro del cargo del procurador general del Estado, recordamos que el referido funcionario fue nombrado en el marco del Decreto Legislativo n.° 1326, mediante Resolución Suprema", expresaron. 

"Alegar como causa de retiro incumplimiento de requisitos para ejercicio del cargo exigiría una nueva resolución firmada por el presidente de la República, lo que en la práctica significaría apartar del cargo a quien lo ha denunciado por presunta comisión de ilícitos penales", agregan. 

Así, señalaron que retirarlo pone en peligro la independencia de poderes. "Esta acción vulneraría los principios constitucionales de independencia del sistema de justicia y de autonomía funcional de las/os procuradoras/es", indican. 

Anuncio de evaluación y muestras en contra

Este último jueves, el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Aníbal Torres, expresó que el nombramiento de Daniel Soria sería evaluado tras el pedido del abogado del mandatario.

“Frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador. Yo procederé conforme a la ley, no me puedo salir de la ley”, manifestó Torres Vásquez en diálogo con RPP Noticias.

“El procurador Soria no va a ser removido por la denuncia. No obstante, en la denuncia hay cosas muy extrañas, hechos que no son de materia de una investigación penal, que no indican un indicio penal”, agregó.

Tras ello, un grupo de procuradores públicos y congresistas de siete bancadas de oposición condenaron estos anuncios. Mediante un acta, los firmantes llamaron al Ejecutivo a respetar la institucionalidad de ese organismo y precisaron que los procuradores “no son abogados defensores del gobierno de turno”.


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