Fujimori denuncia ´seria obstrucción´ a su derecho de defensa

En respuesta a esa queja, la presidenta de la Cuarta Sala Penal Liquidadora señaló que pedirá un informe a la autoridad penitenciaria y dijo que se debe garantizar a Fujimori su derecho a comunicarse con su abogado defensor.

El condenado expresidente Alberto Fujimori denunció una "seria obstrucción" a su derecho de defensa, al habérsele impedido a su abogado, William Paco Castillo, el ingreso al Penal de Barbadillo, en Ate, donde purga condena.

El exmandatario hizo uso de la palabra minutos después de que se produjera la esperada presencia de su exasesor Vladimiro Montesinos Torres, quien iba a declarar en el juicio por el caso "diarios chicha", pero que finalmente optó por guardar silencio.

La conducta de Montesinos fue rechazada por la presidenta de la Sala, quien informó que este sería denunciado ante la fiscalía provincial penal de turno por eventual comisión del delito de desobediencia a la autoridad.

Fujimori prefirió no comentar sobre lo acontecido en la audiencia de este viernes y se limitó a decir: "solo quiero hacer presente esa seria obstrucción que mantengo dentro del establecimiento penal por razones que desconozco".

Al respecto su abogado, William Paco Castillo, dijo que efectivamente en la víspera fue impedido de ingresar al Penal de Barbadillo a fin de  hacer que Fujimori firme unos escritos. Ello, dijo, pese a haber llegado al reclusorio en el horario oportuno de visitas.

"Hoy en la mañana igual, el martes igual. El señor Fujimori lleva más de seis meses incomunicado y encima le restringen su derecho a la defensa", reclamó el letrado.

GARANTIZAN DERECHO A LA DEFENSA

En respuesta a esa queja, la presidenta de la Cuarta Sala Penal Liquidadora señaló que pedirá un informe a la autoridad penitenciaria para que explique si hubo alguna irregularidad.

"Desde ya vamos a disponer que la autoridad penitenciaria garantice su derecho a comunicarse con su abogado defensor", manifestó la magistrada dirigiéndose a Fujimori.

"Efectivamente el Estado está en la obligación de garantizar el derecho irrestricto de defensa, en el marco de reglamento propio de la autoridad penitenciaria, horarios, días", remarcó la magistrada.