Así informó, la ministra de Trabajo, Manuela García quien indicó que su cartera trabaja para dar alternativa laboral a los 2.500 trabajadores que operan el complejo de La Oroya.
El ministerio de Trabajo informó hoy que ya tiene elaborado un plan para reubicar a los 2.500 trabajadores de Doe Run Perú que perderían sus empleos si la minera no reinicia sus operaciones en La Oroya el 27 de julio, fecha límite fijada por el Gobierno.
"Ya hemos presentado el plan correspondiente ayer (jueves) en caso de que Doe Run no inicie operaciones el próximo 27 de julio", afirmó la ministra de Trabajo, Manuela García, a la agencia estatal Andina.
Precisamente, el ministerio de Energía y Minas informó hoy que la empresa Doe Run, de capitales estadounidenses, incumplió a la hora de entregar la documentación solicitada para garantizar la reanudación el próximo 27 de las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya, paralizado hace un año.
Por ello, la ministra García indicó que su cartera trabaja para dar una alternativa laboral a los 2.500 trabajadores que operan el complejo de La Oroya.
"Se están tomando en cuenta diversos criterios para el plan, como el número de trabajadores, la situación laboral y la edad de estas personas ante el hipotético caso de que Doe Run no quisiera reiniciar sus operaciones", agregó la ministra.
La propuesta del ministerio de Trabajo incluye la capacitación de los trabajadores de la minera a través del Programa Especial de Reconversión Laboral (Perlab).
Doe Run Perú opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya desde 1997, y la mina Cobriza, en Huancavelica, desde 1998, donde produce plomo, zinc, cobre, plata y oro, además de subproductos como el ácido sulfúrico y el indio.
A raíz de la crisis financiera mundial, la minera redujo el año pasado sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.
La firma, además, fue expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por no completar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un compromiso que ha avanzado desde 2006 en poco más del 50 por ciento, faltando una inversión de 160 millones de dólares para finalizarlo.
Durante los últimos meses el sindicato de trabajadores ha realizado varias marchas de protesta, que incluyeron el cierre del tránsito por la concurrida carretera Central, para presionar al Gobierno y a la empresa a que reanuden las operaciones en el complejo.
EFE
"Ya hemos presentado el plan correspondiente ayer (jueves) en caso de que Doe Run no inicie operaciones el próximo 27 de julio", afirmó la ministra de Trabajo, Manuela García, a la agencia estatal Andina.
Precisamente, el ministerio de Energía y Minas informó hoy que la empresa Doe Run, de capitales estadounidenses, incumplió a la hora de entregar la documentación solicitada para garantizar la reanudación el próximo 27 de las operaciones del complejo metalúrgico de La Oroya, paralizado hace un año.
Por ello, la ministra García indicó que su cartera trabaja para dar una alternativa laboral a los 2.500 trabajadores que operan el complejo de La Oroya.
"Se están tomando en cuenta diversos criterios para el plan, como el número de trabajadores, la situación laboral y la edad de estas personas ante el hipotético caso de que Doe Run no quisiera reiniciar sus operaciones", agregó la ministra.
La propuesta del ministerio de Trabajo incluye la capacitación de los trabajadores de la minera a través del Programa Especial de Reconversión Laboral (Perlab).
Doe Run Perú opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya desde 1997, y la mina Cobriza, en Huancavelica, desde 1998, donde produce plomo, zinc, cobre, plata y oro, además de subproductos como el ácido sulfúrico y el indio.
A raíz de la crisis financiera mundial, la minera redujo el año pasado sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.
La firma, además, fue expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por no completar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un compromiso que ha avanzado desde 2006 en poco más del 50 por ciento, faltando una inversión de 160 millones de dólares para finalizarlo.
Durante los últimos meses el sindicato de trabajadores ha realizado varias marchas de protesta, que incluyeron el cierre del tránsito por la concurrida carretera Central, para presionar al Gobierno y a la empresa a que reanuden las operaciones en el complejo.
EFE
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