El Jurado Nacional de Elecciones y los 60 jurados especiales decidirán si se aplican las normas aprobadas hace menos de un año. | Fuente: Andina

El gobierno emitió su primer decreto de urgencia que autoriza a los entes electorales a precisar los plazos y las normas que regirán las elecciones del próximo 26 de enero. Es tarea de la Comisión Permanente recibir los decretos de urgencia para someterlos a la consideración del próximo Congreso. Puesto que es la primera vez en la historia del Perú que hay una disolución del Congreso seguida como establece la Constitución de un elección dentro de los cuatro meses, habrá que dar pruebas de celeridad, rigor y sentido común para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones claras, justas y predecibles. Comenzando, naturalmente por el restablecimiento del derecho de voto a los peruanos radicados en el extranjero, que constituyen una décima parte de nuestra población. En la mejor de las hipótesis ese derecho fue conculcado por una grave negligencia de la Comisión de Constitución. Pero, ¿se aplicarán normas aprobadas hace menos de un año como la de no reelección inmediata, paridad y alternancia de género, elecciones internas y financiamiento de campañas? La respuesta final la tendrá el Jurado Nacional de Elecciones y los 60 jurados especiales que quedarán constituidos el próximo mes de noviembre.

Entretanto, más personalidades se han pronunciado sobre las consecuencias generadas por la disolución. Entre ellas destaca el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quien ha desautorizado a los agoreros de desastres. Velarde afirmó que no se perciben grandes alteraciones producidas durante los últimos días, porque los fundamentos macroeconómicos son sólidos. Velarde reconoció sin embargo que todo período electoral genera incertidumbres, pero destacó las que provienen de factores foráneos, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, nuestros dos principales socios comerciales. El presidente del Banco Central enfatizó que lo propio de la institución que dirige desde hace más de diez años es la promoción de la estabilidad y no “la exacerbación de las divisiones”. También la flamante ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva ofreció su primera conferencia de prensa, pero lo hizo ante periodistas extranjeros. Alva insistió en que la previsión de la tasa de crecimiento anual sigue siendo de 3%, pero reconoció que la tendencia es a la baja.

El azar del calendario parece imponer que el segundo decreto de urgencia sea la llamada Ley del Libro, porque el régimen actual de exoneraciones tributarias vence este viernes. El presidente Vizcarra y su por entonces ministro de Cultura se comprometieron en la Feria del Libro a alinear nuestra legislación con la de la mayoría de nuestros vecinos, entre los que destaca Colombia. Gracias a la ley impulsada por el presidente Juan Manuel Santos los colombianos leen en promedio cinco veces más que los peruanos. ¡Cinco veces más! Eso significa que el Estado crea las condiciones para que los ciudadanos puedan acceder al conocimiento, a la competitividad y a la apertura de horizontes. Por cierto que eso requiere una medida que abominan los defensores dogmáticos de reglas rígidas: la exoneración de impuestos al producto llamado libro. Sin embargo, gracias al régimen provisional que se ha venido aplicando se ha consolidado una industria que crea 40,000 puestos de trabajo. Y es perceptible que las editoriales pequeñas y medianas pueden imprimir en nuestro país, en vez de recurrir a imprentas de países, como Colombia, que sí tienen régimen de promoción del libro. Pero no se trata solo de vender libros, sino de promover de lectura, en particular a través de bibliotecas. ¿Quién se atrevería a preferir los 120 millones de impuestos de los que se priva el Estado a la oferta de libros para que nuestros jóvenes puedan “leer el mundo”?

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