Refirió que la institución que preside realiza investigaciones con seriedad, de acuerdo con evidencias e indicios, y no tienen el carácter de un pronunciamiento futbolístico, sino eminentemente penal.
Las investigaciones abiertas en el Ministerio Público al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga, no forman parte de una persecución política, aseguró el Fiscal de la Nación, Carlos Ramos.
Refirió que la institución que preside realiza investigaciones con seriedad, de acuerdo con evidencias e indicios, y no tienen el carácter de un pronunciamiento futbolístico, sino eminentemente penal.
“Rechazo cualquier tipo de cariz político que se le quiera dar. Este es un tema eminentemente penal y, como ello, tiene que resolverse. La naturaleza de nuestro trabajo es técnico, jurídico penal y demuestra que no estamos frente a una persecución política”, enfatizó.
Asimismo, respecto a una denuncia sobre una supuesta carpeta de investigación policial que habría sido extraviada para una de las investigaciones seguidas contra Burga, Ramos indicó que este caso “puede reabrirse, de encontrarse nuevos elementos probatorios”.
“Es precisamente lo que nosotros estamos evaluando para iniciar las medidas correctivas del caso, (se puede) iniciar el tema del reexamen y continuar con eso. No tenemos dos o tres procesos, hablamos de muchos más”, apuntó el titular del Ministerio Público.
Ramos Heredia también se pronunció sobre los ingresos del extranjero que recibiría el dirigente futbolístico, los que debían ser declarados ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
“Me parece que todos estamos obligados a declarar esos rubros. Tenemos que justificar -como funcionarios públicos o cualquier gente que trabaje en una federación- los ingresos y los gastos que se tienen”, precisó.
Añadió que estos temas se investigarán a fin de establecer con claridad “si es que existe o no un delito de lavado de activos”.
Manuel Burga tiene 15 procesos abiertos en el Ministerio Público por presuntos delitos de falsedad genérica, usurpación de funciones, nombramientos ilegales por funcionarios públicos, defraudación tributaria, fraude procesal, entre otros, según información del Ministerio Público.
ANDINA
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