El director general de administración Congreso de la República, Fermín Velásquez Bazán, explicó que el monto designado se dividió en dos partes, rechazando una denuncia periodística.
La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, negó que existan dos cajas chicas en el Legislativo, tal como denunció un diario local en su edición de hoy.
“En el tema de la caja chica, no existe dos cajas chicas. Hay una sola caja chica”, dijo en conferencia de prensa, acompañado por funcionarios de este poder del Estado.
Según dijo, en el Congreso se disponen 80 mil soles mensuales como monto máximo para gastos menores, pero esto no significa que todos los meses se gaste esa suma, rechazando lo dicho por el periódico Perú.21.
“Que no quede en la población que el Congreso tiene una caja chica de 80 mil. Siempre la ha tenido, no hemos venido a inventar la caja chica, siempre ha habido, pero son para gastos justificados y tenemos los mecanismos de control”, comentó.
“Quiero dejar en claro esto está totalmente vigilado y no es que todo el Congreso gaste 80 mil al mes. Eso no es posible, son para casos de urgencia”, añadió.
A su turno, el director general de administración Congreso de la República, Fermín Velásquez Bazán, detalló que solo existe una caja chica de 80 mil soles que se ha dividido en dos partes: una de 60 mil administrada por Finanzas y otra por una persona que depende de este estamento.
“Tengan la seguridad que esta administración lo está haciendo de forma transparente y honrada. Yo pongo las manos al fuego”, comentó el funcionario, tras decir que está “extrañado” por el titular del citado diario.
“Dicen que se gasta 80 mil soles mensuales de caja chica, es una falsedad. Quiero entender que esto ha sido una equivocación. Les digo con respecto a los gastos de caja chica, se apertura una caja chica que es única, no hay dos cajas chicas”, agregó.
Por otro lado, la gerente de Servir, Tatiana Guevara, explicó que la empresa Gorak S.A, a la que el Congreso compró uniformes para su personal, tenía una medida cautelar que suspende la inhabilitación determinada por el Tribunal de Contrataciones del OSCE.
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