Usuarios civiles: Delincuencia utiliza armas provenientes del Estado

Rodrigo López, presidente de la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (Applaf), sostuvo que el principal problema que las autoridades deben atacar es combatir el acceso que la delincuencia tiene a armas que son propiedad del Estado e ingresan al mercado negro.

"El problema son las armas de contrabando que atraviesan la frontera y las que los delincuentes utilizan y son propiedad del Estado, ya sea porque han robado o alquilado", expresó en RPP Noticias.

López, vocero de la coalición, se manifestó enérgicamente en contra de las recientes afirmaciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) en las que advierten que el mercado de usuarios civiles está siendo parte de las armas que están derivándose al hampa.

Anotó que si el 30 por ciento de las armas en manos de los delincuentes tiene origen legal, “también habría que aclarar qué cantidad de armas proviene de las fuerzas del orden”.

Comentó que las armas de origen legal tienen un número de serie por las que pueden ser rastreadas. En tal sentido, indicó que han pedido a la Sucamec que como una medida de transparencia esclarezcan estas estadísticas.

"Están confundiendo a la población, están echándole la culpa del uso de armas en la delincuencia al usuario formal. Nos están usando de chivos expiatorios, eso es un gravísimo error porque se está desviando la atención del problema", aseveró.

De otro lado, ante la reciente publicación del DS N°014–2013–IN que modifica el marco legal para la obtención y renovación de licencias para porte y uso de armas de fuego, López dijo que esta norma es "inconstitucional". 

Afirmó que el trámite se ha complicado muchísimo, incluso para la obtención de la prueba de salud mental para portar armas. Asimismo, cuestionó que la vigencia de las licencias se haya reducido de cinco años a uno.

En esa línea advirtió que en el Perú se está aplicando una “política de desarme” que empieza por dificultar la tenencia legal de armas.

"Es un error empujar al usuario formal a que sea informal, eso va a generar un montón de armas que no se sabe dónde van a parar", sentenció.