“No es una sorpresa”: Transparencia cuestionó archivamiento de dos denuncias contra el presidente del Congreso

La Comisión de Ética Parlamentaria archivó dos informes de calificación que recomendaban iniciar investigaciones contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), por los casos de presunto nepotismo y el supuesto recorte de salarios al personal de su despacho.

El grupo de trabajo, que preside el parlamentario Diego Bazán (Avanza País), apenas aprobó una investigación contra el titular del Legislativo. Se trata del voto a favor de la ley que cambió los plazos de suspensión para la prescripción de los delitos, un mecanismo que lo habría favorecido en un juicio oral por estafa.

Al respecto, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, afirmó que no es “una sorpresa” ver cómo fracasan las denuncias en la Comisión de Ética, por lo que reiteró que se trata de una conducta propia de esta agrupación.

"No es una sorpresa, porque es un patrón que hemos visto desde hace mucho tiempo en la Comisión de Ética, que está conformada por los propios miembros del Congreso; es decir, son ellos mismos los que juzgan a sus colegas sobre eventuales faltas que pudieron haber cometido”, declaró en el programa Nunca es tarde de RPP.

Lanegra lamentó que, pese a las evidencias, no se aprobara investigar la contratación de Yeshira Peralta Salas, tía del hijo de Alejandro Soto, como auxiliar de la oficina del legislador apepista; así como el presunto recorte de sueldo del personal del presidente del Congreso para financiar sus redes sociales.

“Otros dos casos han quedado por fuera, a pesar de que tienen bastante sustento, ni siquiera se van a investigar”, cuestionó.

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No es la primera que se producen casos de blindajes en el actual Parlamento. 

La propia expresidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, denunció blindajes durante su gestión en este grupo durante el periodo 2021-2023, luego del fracaso de los informes que recomendaban suspender por 120 días a las parlamentarias Magaly Ruiz y Heidy Juárez, también implicadas en el caso “mocha sueldos”.

Ante este panorama, Transparencia planteó en julio de este año que esta comisión esté integrada por representantes de la sociedad civil, y no por legisladores.

Lanegra explicó aquella vez que esta nueva conformación ayudaría a evitar casos de “blindaje” al interior del Congreso.

“Los propios congresistas que conforman la Comisión de Ética son quienes actúan en la práctica como acusadores y también son los que terminan decidiendo la sanción en el Pleno. Ese modelo hace difícil que se puedan imponer sanciones”, dijo en TV Perú.

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