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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por unanimidad el informe final que recomendaba la improcedencia de la demanda. Uno de los votos fue de Patricia Chirinos, quien era una de las parlamentarias denunciadas.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el último viernes, por unanimidad, la improcedencia de la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación contra 6 congresistas, por el presunto uso de fondos del Parlamento para viajar a Trujillo a celebrar el cumpleaños del legislador Diego Bazán (Renovación Popular).
La denuncia fue presentada el pasado 7 de enero por el Ministerio Público, contra los congresistas Kira Alcarraz (Podemos), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Jorge Zeballos (Renovación Popular), Diego Bazán, y los no agrupados Edward Málaga y María del Carmen Alva. A ellos se les señalaba por la autoría del presunto delito de peculado doloso por utilización.
Además, se sindicaba a la parlamentaria Rosángella Barbarán (Fuerza Popular) como presunta autora del mismo delito, pero en grado de tentativa.
Los hechos advertidos por la Fiscalía datan del 11 de febrero del 2023, cuando los referidos legisladores viajaron a la ciudad de Trujillo para participar de la fiesta de onomástico de Bazán Calderón, "para lo cual habrían utilizado boletos aéreos costeados por el Congreso".
En el caso de la parlamentaria fujimorista, según el Ministerio Público, habría gestionado la emisión de su boleto costeado también por el Parlamento, pero no habría viajado por motivos personales.
Patricia Chirinos votó por improcedencia, pese a ser una de las denunciadas
Los 18 congresistas presentes en la sesión de la subcomisión, presidida por María Acuña (Alianza para el Progreso), votaron a favor de aprobar el informe final de la referida denuncia constitucional, el cual recomendaba su improcedencia.
Un hecho resaltante fue que la congresista Patricia Chirinos participó en la sesión y votó a favor de la improcedencia de la demanda, siendo ella una de las legisladores denunciadas por la Fiscalía de la Nación.
Los otros votos fueron de los parlamentarios de Fuerza Popular: Nilza Chacón, Víctor Flores, Martha Moyano y Héctor Ventura; de APP, María Acuña y Nelcy Heidinger; de Acción Popular, Luis Aragón y Elvis Vergara; de Renovación Popular, Milagros Jáuregui y Esdras Medina.
Además de los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Jorge Coayla (Juntos por el Perú), José Jerí (Somos Perú), Flavio Cruz (Perú Libre), Edgard Reymundo (Bloque Democrático) y Pasión Dávila (Bancada Socialista).
El informe fue sustentado por la abogada Milagros Quispe, asesora de la Subcomisión, quien indicó que la Fiscalía había señalado que "la única finalidad presunta" de los parlamentarios denunciados era "asistir al onomástico del congresista Diego Bazán en la ciudad de Trujillo". Sin embargo, señaló que los legisladores "en respuesta a la imputación formulada, detallaron sus actividades de representación nacional realizadas en la Ciudad de Trujillo en las fechas 11, 12 y 13 de febrero".
"La Fiscalía de la Nación, en relación a lo informado por los congresistas, ha sostenido que las reuniones y actividades realizadas no cuentan con invitaciones formales previas que hayan ingresado por mesa de partes, que doten de credibilidad lo sostenido por los parlamentarios, más aún cuando la mayoría de congresistas investigados no fueron elegidos por la región La Libertad. En ese sentido, la denuncia sugiere que las actividades mencionadas se realizaron solo para justificar su presencia en la ciudad de Trujillo", indicó la jurista.
"Al respecto, se debe precisar lo siguiente: primero, los congresistas al igual que cualquier ciudadano gozan del derecho fundamental de presunción de inocencia, lo cual, aplicado en este caso, significa que los parlamentarios no están obligados a demostrar su inocencia, sino que es a la Fiscalía a la que le corresponde […] demostrar que los parlamentarios habrían cometido el delito denunciado [...] por utilización, o que al menos existen indicios que permiten generar cierta certeza respecto a la comisión del delito denunciado, lo cual no se ha logrado advertir en la presente denuncia constitucional", agregó.
La abogada sostuvo que "las funciones parlamentarias […] se desarrollan de forma amplia y diversa", por lo que "no todas las reuniones parlamentarias que se llevan a cabo tienen como requisito obligatorio el cumplimiento de alguna formalidad solemne o el haberse coordinado o solicitado mediante una invitación formal ingresada por mesa de partes".
"Los informes presentados y lo sostenido por los parlamentarios sobre sus actividades de representación gozan de presunción de veracidad y buena fe. Esto significa que se asume que estos documentos son auténticos y que las actividades descritas, en efecto, se llevaron a cabo. Un tratamiento diferente a los medios probatorios presentados por los parlamentarios estaría configurando una grave vulneración a los derechos y garantías constitucionales que protegen a todos los peruanos, sin excepción", aseveró.
"La Fiscalía de la Nación no ha presentado ningún elemento de convicción que refute la autenticidad de los documentos ofrecidos o la veracidad de lo sostenido, como, por ejemplo, evidencia de falsificación, alteración, manipulación de fotografías o testimonios contradictorios. La Fiscalía de la Nación, al focalizar su atención en la asistencia de los congresistas a un evento social, no habría logrado advertir con detalle y objetividad que las reuniones y actividades de representación en la ciudad de Trujillo sí tuvieron lugar, conforme se ha acreditado documentariamente", añadió.
Quispe enfatizó que "el rol de la Fiscalía no es acusar por intuición o sospecha, sino presentar elementos de convicción objetivos y verificables", por lo que "no resulta suficiente insinuar, sino demostrar que los parlamentarios investigados habrían utilizado sus boletos aéreos para fines distintos a la función".
"Si bien es fundamental fiscalizar el uso de los recursos públicos y controlar el poder, también resulta crucial garantizar que los congresistas cuenten con la autonomía y los medios necesarios para ejercer su función representativa de manera efectiva, debiéndose evitar criminalizar las conductas que, en realidad, se enmarcan dentro del ejercicio legitimo de la función legislativa, siempre y cuando esta se haya materializado tal y conforme se ha logrado certificar en la presente denuncia constitucional", resaltó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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