El Consejo Directivo del Parlamento fijó un debate de tres horas en el pleno y que el tiempo se distribuirá proporcionalmente entre las bancadas parlamentarias.
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Congreso debatirá el próximo jueves el informe que recomienda destituir e inhabilitar a miembros de la JNJ
El Consejo Directivo del Congreso acordó que el próximo jueves, 7 de marzo, se debatirá y votará el informe final, aprobado por la Comisión Permanente, que recomienda la acusación constitucional y la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En su cuenta de X (antes Twitter), el Parlamento dio cuenta de que la sesión se realizará desde las 10:00 a.m.
El Consejo Directivo también fijó en tres horas el tiempo de debate, que será distribuido proporcionalmente entre las bancadas parlamentarias.
El informe final aprobado por la Comisión Permanente
El 26 de febrero, la Comisión Permanente aprobó el informe final del proceso llevado en contra de la JNJ, que surgió a partir de la denuncia constitucional 373 presentada por el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular.
El legislador Esdras Medina, de la extinta bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, fue el encargado de sustentar el referido informe que, previamente, había sido aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 16 de febrero último.
El informe final recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar por diez años a los seis actuales magistrados: Antonio de la Haza (presidente), Aldo Vásquez (vicepresidente), Imelda Tumialán, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.
El mismo requerimiento recae sobre Henry Ávila, quien renunció al cargo la semana pasada.
Los miembros de la JNJ son cuestionados por supuestamente haber infringido el artículo 156 de la Constitución, que establece que para ser magistrado de la junta se debe tener menos de 75 años. Según señala acusación, los magistrados son acusados por avalar que Inés Tello permanezca en el cargo después de cumplir esa edad a finales del 2020.
El pleno del Congreso requiere 66 votos para inhabilitar a los magistrados, así como más de 50 votos para que proceda la denuncia constitucional.
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