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Subcomisión de Acusaciones admitió denuncias constitucionales contra Pedro Castillo y Gabinete de Aníbal Torres por cuestión de confianza

La decisión de adoptó con 14 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones.
La decisión de adoptó con 14 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones. | Fuente: Presidencia

Si bien las denuncias constitucionales se admitieron a trámite, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones, desestimó en la sesión de hoy las acusaciones de carácter penal.

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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite las denuncias constitucionales presentadas contra el presidente Pedro Castillo, el expremier Aníbal Torres y los integrantes del Gabinete Ministerial que presidió, por haber interpretado que el Parlamento denegó la primera cuestión de confianza.

Se trata de las denuncias constitucionales 318, 320, 322, 324 y 325, presentadas por los congresistas Patricia Chirinos, Adriana Tudela y Juan Burgos. La decisión se adoptó con 14 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones.

Al presidente Pedro Castillo se le imputa la presunta vulneración de los artículos 38 y 118 de la Constitución; mientras que los ministros y los exministros son acusados de haber vulnerado el apartado 38 de la Carta Magna.

Al término de la sesión, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, detalló que se trata de varias denuncias acumuladas que fueron vistas en la sesión de este viernes, 2 de noviembre, y que en todos los casos se descartaron las acusaciones de carácter penal.

“Estas denuncias estaban formuladas y hoy se han expuesto de manera conjunta. Se han debatido y votado y se han admitido en parte, esto estaba por infracciones y delitos. Sobre los delitos se ha declarado improcedente, no consideramos que haya infracción al Código Penal, pero sí a la Constitución”, declaró Camones a los medios de comunicación.

Además de la admisión a trámite de las denuncias constitucionales, en la sesión de la SAC se designó a la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) como delegada de la denuncia constitucional presentada contra el presidente Pedro Castillo por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por supuestamente liderar una organización criminal.


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