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Cuando instituciones del Estado entran en litigio, existe afectación en el corto y largo plazo. Según especialistas, la democracia está en juego, pero también la administración de justicia y la imagen internacional del Perú como país que respeta el equilibrio de poderes.
En su última encuesta de opinión publicada en octubre último, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que tres de cada cuatro peruanos consideran que si el Congreso destituye a los miembros de la Junta Nacional de Justicia se afecta a la democracia del país.
¿Cómo se puede traducir esa afectación a la democracia?, ¿cómo este choque entre el Congreso y los miembros de la Junta Nacional de Justicia afecta o impacta al ciudadano o ciudadana de a pie? ¿Este enfrentamiento afecta la imagen del país? Para resolver estas interrogantes es necesario poner en perspectiva, primero, cómo y por qué nace el conflicto del que tanto se habla en la esfera política.
Los antecedentes
El 7 de septiembre, por votación de mayoría, el Pleno del Congreso aprobó encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del parlamento una investigación a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por causa grave en un plazo máximo de 14 días hábiles. La moción fue impulsada por la congresista Patricia Chirinos y respaldada por parlamentarios de bancadas como Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso.
La JNJ está conformada por siete jueces y una de sus principales funciones es la de nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todo el país. También al jefe(a) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al jefe(a) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Actualmente, la JNJ está conformada por los jueces Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Luz Tello Valcárcel de Ñecco, Humberto de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán; quienes habrían cometido falta grave por la cual deben ser destituidos de sus funciones.
Elecciones
¿Cómo afecta al ciudadano el conflicto entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia?
Cabe recordar que la JNJ inicia funciones en enero de 2020, tras la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura (que tenía las mismas funciones), al revelarse en el 2018 el escándalo de corrupción conocido como los “CNM audios”, o “cuellos blancos del puerto”, que evidenció que sus jueces miembros encargados de fiscalizar la labor de sus colegas, por el contrario, negociaban con ellos a cambio de favores incurriendo en actos ilícitos.
Volviendo al 2023, entre las faltas graves en las que habrían incurrido los miembros de la JNJ son: emitir un pronunciamiento sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos, hecho considerado como intromisión, así como haber infringido la normativa respecto a la edad para ocupar el cargo como miembro titular, porque a la fecha la magistrada Luz Tello supera la edad límite de 75 años.
Desde septiembre a la fecha, los miembros de la JNJ han expuesto sus descargos de defensa tanto ante la propia comisión del Congreso que los investiga, como en los medios de comunicación y han negado haber cometido falta grave alguna.
Incluso, han recurrido a la vía legal para detener el intento congresal, logrando de momento que un juzgado del Poder Judicial decida suspender provisionalmente la investigación e imputación de cargos en su contra por parte del Congreso.
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La justicia en juego
“¿Cómo le afecta esto al ciudadano de a pie? Si analizamos el lado de la independencia judicial, sí hay una afectación, porque desactivar la JNJ independientemente que más adelante se elijan a nuevos miembros, pondría en riesgo la independencia de los jueces y éstos estarían más preocupados en cómo permanecer en sus cargos, que en resolver los casos propios de sus funciones. Eso es peligroso en un Estado de derecho”, afirma Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional.
La abogada constitucionalista hace hincapié en que “existe un interés político para destituir a los miembros de la JNJ” y el ejemplo más claro del peligro de jueces parciales es el caso “cuellos blancos del puerto”, por ello, advierte: “en cuanto al sistema electoral, la credibilidad de los funcionarios de los organismos electorales también se pondría en riesgo porque son elegidos por la JNJ”, señala.
Por su parte, Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, reflexiona. “La ciudadanía tiene que tener claro que la Junta Nacional de Justicia es aquella que designa o saca a todos los jueces y fiscales del país que hacen o intentan hacer justicia. Con lo cual, la justicia es también un servicio. En la medida de que se debilite o se desmorone a la JNJ, se perjudica también al ciudadano porque potencialmente regresaría la impunidad y la corrupción y frente a cualquier acto de justicia va a primar el dinero, las coimas y no lo que realmente es justo”, añade.
El exprocurador ad hoc de la Nación, José Ugaz, señaló a RPP Noticias que “detrás de todo esto hay una conspiración” en la que “está claro que Fuerza Popular y Perú Libre se están dando la mano” para “atentar contra el centro político con una serie de adjetivos”, afirmó.
La indiferencia por la política
“Estamos viendo una constante confrontación y esto traería otros dos problemas: primero, el aumento del hartazgo ciudadano de espalda a los intereses de todos. Lo segundo, ese mismo hartazgo va a llevar un mayor alejamiento de la política y probablemente una mayor predisposición a votar en las próximas elecciones por alternativas más extremistas que ofrezcan borrón y cuenta nueva de todo lo que sucede, aun cuando eso signifique sacrificar derechos y la propia democracia” opina el presidente de Transparencia.
La imagen del país en riesgo
“Existe un amplísimo consenso nacional, de todos los actores, de que el Congreso no ha probado una falta grave a la JNJ, por tanto está llevando al límite su justa capacidad de investigar, pero sin evidencia”, sostiene el presidente de Transparencia, Álvaro Henzler.
Sobre este aspecto, la encuesta de opinión del IEP señala que “en todos los segmentos socioeconómicos se considera que la intervención de la JNJ afecta a la democracia” Por ello, en el Perú urbano y rural, del norte y del sur, de 18 a más de 40 años; más del 70% coincide con la premisa.
Henzler agrega que “este hecho (de querer destituir a la JNJ) ha ocasionado que el Congreso tenga a la comunidad internacional en contra”.
Prueba de ello son los pronunciamientos de distintas personalidades e instituciones extranjeras que velan por el respeto de la separación de poderes:
“El Congreso del Perú debería rechazar el intento de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y defender la independencia judicial, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos", señaló la organización Human Rights Watch mediante comunicado.
“El derecho a un juicio justo exige un juez imparcial. En el Perú, esta imparcialidad está estrechamente ligada al desempeño libre e independiente de la Junta Nacional de Justicia”, afirmó Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.
Otra de las instituciones en manifestarse sobre el tema es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La CIDH expresa preocupación por la apertura por parte del Congreso de una investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo autónomo clave para garantizar la independencia e idoneidad de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales”, inicia su comunicado.
La última sesión del Pleno del Congreso donde se iba a tratar la aprobación del informe para la destitución de los magistrados de la JNJ fue postergado y se espera nueva fecha para su debate.
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Maricarmen Chinchay Periodista
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