La comisión de Constitución del Congreso presentó el último martes el predictamen de la iniciativa legislativa que permitiría que los partidos puedan escoger a sus precandidatos a elecciones sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos, pese a no tener la opinión técnica de las autoridades electorales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Elecciones
Constitucionalista Samuel Abad dijo que la iniciativa legislativa planteada “no contribuye” a fortalecer la institucionalidad democrática
Una serie de pronunciamientos ha generado la rapidez con la que se ha revisado el proyecto de ley del Congreso de la República, que propone modificar las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en Perú, conocidas como las PASO. Esta modalidad única, vigente en la ley desde 2019, faculta a los peruanos -afiliados o no a un partido político- a elegir a los precandidatos de las organizaciones políticas de cara a un proceso electoral, promoviendo mayor competitividad y legitimidad entre las agrupaciones políticas.
Esto cambiaría si la iniciativa legislativa presentada se aprueba. La propuesta, formulada hace menos de un mes con el respaldo de congresistas de cinco bancadas, plantea que ahora se incluyan dos modalidades más para la elección de los candidatos. Modalidades que los partidos políticos ya han empleado antes en sus elecciones internas: el voto de afiliados o elección por delegados. Este punto ha sido cuestionado por especialistas en la materia, debido a que permitiría que las cúpulas partidarias mantengan el poder en la designación de sus candidatos, bajo “elecciones a dedo”.
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Al respecto, el abogado constitucionalista Samuel Abad recalcó que, si bien, es necesario fortalecer el sistema electoral frente a la crisis de representación que atravesamos en el país, la iniciativa planteada “no contribuye” a fortalecer la institucionalidad democrática.
“La ciudadanía no se siente representada por sus autoridades. Hay que tratar de revisar el sistema electoral. Una era la propuesta planteada por el Jurado Nacional de Elecciones, [se refiere a la implementación de las PASO], que es un órgano especializado en materia electoral. Creo que la decisión del Congreso de no aprobar una medida de esa naturaleza no contribuye a este tema”, manifestó en Ampliación de Noticias de RPP.
Por otro lado, la Asociación Civil Transparencia exhortó -mediante sus redes sociales- a la Comisión de Constitución a "rechazar el dictamen que evitaría que la ciudadanía decida qué partidos y candidaturas participarán en las próximas elecciones, reduciendo los incentivos para las alianzas y alentando la fragmentación”.
Debate a nivel de la comisiones en el Congreso
El último martes, la comisión de Constitución del Congreso presentó el predictamen de esta iniciativa multipartidaria para que sea discutido en el grupo de trabajo, a pesar de no contar aún con los comentarios de los partidos políticos y las autoridades electorales.
En medio de la sesión y frente a las críticas generadas, la presidenta de la comisión, Martha Moyano, informó que se citará en los próximos días a las organizaciones políticas formalmente inscritas para escuchar sus observaciones sobre el tema.
La legisladora de Fuerza Popular también indicó que la comisión se encontraba a la espera de las opiniones solicitadas por escrito al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de elaborar una ley consensuada.
Por la noche, se conoció que, mediante un acuerdo, el Pleno del JNE consideró “inviable” el proyecto de ley N° 6155/2023-CR al indicar que con dicho texto “se retornaría a fórmulas anteriores que no permitían una participación masiva de los electores”. Además, recalcó la importancia de que las elecciones primarias “conserven la esencia de su creación”.
Por otro lado, en un oficio enviado a la comisión de Constitución, la ONPE consideró que debe mantenerse “como única opción” el actual mecanismo establecido para las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Ello, debido a que esta modalidad “involucra de manera efectiva y responsable a los ciudadanos en la renovación del sistema político, de partidos” y, sobre todo, sus principales representantes.
De esta manera, -continúa el organismo- se evita que “la decisión provenga del ámbito de las dirigencias o de un número reducido de militantes de la organización política”.
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