- | Fuente: Facebook Juntos por el Perú

El partido político Juntos por el Perú, presente en la carrera para las Elecciones Congresales Extraordinarias de este 26 de enero, es otra agrupación con candidatos que declararon sentencias judiciales. En total, 15 de los 142 postulantes por los que el partido solicitó inscripción tuvieron procesos por diversos cargos. 

Si bien seis de los 15 aspirantes identificados ya no siguen en carrera por exclusión o renuncia, aquí ordenamos la información sobre las demandas o juicios a los que estuvieron sujetos.

-Deudores de alimentos-

Los procesos por deuda de alimentos son comunes entre los candidatos de los partidos ya analizados. En el caso de Juntos por el Perú, siete postulantes declararon haber sido enjuiciados en esta materia. 

Ellos son Carlos Rosales Asmat (La Libertad), Marcial Cadillo Huerta (Arequipa), Mauro Chipana Huayhuas (Lima), Edwin Crespo Morales (Ayacucho), Eleuterio Vera Durán (Cajamarca) y el renunciante a su candidatura Salomé Bladimiro Begazo Begazo (Arequipa). 

Otro demandado por deuda alimentaria es Adán Efrey Becerra Garay (Lima), que además acumuló procesos por usurpación de funciones y por una demanda civil en materia contractual. También está el caso de Francisco Villavicencio Estrada (Áncash), a quien se le responsabilizó en una demanda en su contra por violencia familiar. 

-Otros cargos-

El candidato por Huancavelica, Fidel Gonzáles Calderón, declaró haber sido sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad por disturbio y daño agravado el 2013. Y, por su parte, los postulantes excluidos Fidel Periche Martínez y Ricardo Soberón Garrido señalaron haber sido procesados por depredación de bosques y peligro común, respectivamente. No obstante, Soberón indicó que el caso en su contra quedó archivado por el Ministerio Público.

 

Además de estos dos últimos, los candidatos excluidos Magno Sosa Rojas (Ayacucho), Edwin Mendoza Manchego (Moquegua) y Leandro Cerna Herrera (Áncash) declararon también procesos pasados en su contra. En el caso de Sosa, fue sentenciado a dos años y un año de pena suspendida por los delitos de difamación y falsa declaración. En cuanto a Mendoza, los cargos fueron por apropiación ilícita, abuso de autoridad y dos demandas por deuda alimentaria. Cerna, por su lado, tuvo dos procesos por difamación agravada y materia contractual.

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