Gobernadores regionales electos para el periodo 2023-2026 tienen más de 800 carpetas fiscales en el Ministerio Público

Dos semanas después de haberse convertido en el electo gobernador regional de Ayacucho el pasado 2 de octubre, Wilfredo Oscorima Núñez recibía la información de que la fiscal provincial Ángela Zuloaga, miembro del equipo especial Lava Jato, solicitaba ante un juzgado prisión preventiva en su contra por 36 meses.

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, rechazó la solicitud, pero le impuso comparecencia con reglas de conducta, impedimento de salida del país por un año y una caución económica de 100 mil soles.

Si el juez hubiese aceptado el requerimiento de la fiscal, Wilfredo Oscorima habría quedado impedido de asumir el cargo de gobernador regional de Ayacucho el primero de enero próximo y, por consiguiente, su vicegobernadora entraba en funciones como máxima autoridad hasta que se resolviera su situación legal. Ante este particular caso, el equipo de El Poder en tus Manos de RPP Noticias se planteó la necesidad de conocer la situación de las 16 autoridades regionales electas en primera vuelta de cara al inicio de sus gestiones. ¿Con qué carga procesal iniciarán sus períodos las nuevas autoridades regionales?

Haciendo uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es posible dar cuenta de esta información de interés público. A noviembre del presente año, los 16 gobernadores regionales electos reúnen un total de 836 carpetas fiscales por múltiples delitos y cuentan con un mínimo de 3 y un máximo de 197 expedientes de acuerdo con la información entregada por el Ministerio Público a RPP Noticias. La cifra total de carpetas fiscales es aún mayor, no obstante, en este informe no se han tomado en cuenta los más de 100 expedientes que se encuentran en estado de archivo definitivo, ni aquellos en los que los gobernadores tienen la condición de agraviados.

Además, se solicitó la información correspondiente a los 18 candidatos que irán a segunda vuelta en nueve regiones del país, los cuales tienen más de 300 carpetas fiscales en su haber, información que será publicada en la segunda parte de este informe especial.

Autoridades electas con más de 100 investigaciones

El gobernador con más carpetas fiscales abiertas es Wilfredo Oscorima de Ayacucho. Cuenta con 197 expedientes tanto en la vía penal como civil por los presuntos delitos de lavado de activos, corrupción de funcionarios, falsedad genérica, negociación incompatible, peculado, entre otros; y este será su tercer periodo como autoridad regional.

Precisamente, el pedido de prisión preventiva de la fiscal Zuloaga respondía a este tipo de delitos. A Wilfredo Oscorima se le investiga por haber intervenido presuntamente de forma indebida en el proceso de licitación pública (junio 2014) denominado ‘Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto-Vilcashuamán, Tramo: Condorcocha-Vilcashuamán’, a cambio de recibir un beneficio económico, beneficiando a la empresa Obrainsa.

Uno de los expedientes más recientes contra el electo gobernador es el de actos de connotación sexual sin consentimiento que data del 6 de julio del presente año y que se encuentra a nivel de investigación preliminar a cargo de una fiscalía de Huamanga.

Del total de expedientes de Wilfredo Oscorima, 39 cuentan con dictamen, 36 con archivo preliminar y 33 listos para audiencia de apelación.

En ese sentido, el abogado penalista Aldo Cárdenas, señala la importancia de conocer los términos jurídicos para diferenciar el estado en el que se encuentra cada proceso. Un archivo provisional, por ejemplo, indica que la fiscalía no ha encontrado elementos de convicción que permitan continuar con una determinada investigación, pero esa figura deja abierta la posibilidad de que más adelante el caso sea abierto. Inclusive, los archivos definitivos de casos deben analizarse en la perspectiva del tipo de delito pues, un archivamiento no necesariamente es sinónimo de inocencia.

El segundo con más carpetas es Luis Torres Robledo con 160 expedientes, electo gobernador de Tacna. Como ya es sabido, en su calidad de candidato realizó su campaña electoral desde su casa pues cumple con arresto domiciliario preventivo desde diciembre del 2021. Es investigado por la Fiscalía desde el 2016 por presuntamente liderar la organización criminal 'Los limpios de Tacna'. Asimismo, es investigado por presuntos actos de corrupción durante su tercer periodo como alcalde provincial de Tacna (2015 - 2018). Entre los delitos que se le imputan están sicariato, homicidio, homicidio calificado, tráfico de influencias, integrar una organización criminal, abuso de autoridad, peculado, corrupción de funcionarios, estafa, negociación incompatible, entre otros.

De los 160 expedientes de Torres, 45 están con archivo preliminar, 28 cuentan con dictamen y 31 están pendientes de audiencia de apelación.

El tercero en la lista es César Acuña Peralta, electo gobernador de La Libertad con 105 expedientes que datan desde el 2007. Entre los presuntos delitos que se le atribuyen al líder de Alianza para el Progreso es cohecho, integrar una organización criminal, plagio, abuso de autoridad, corrupción de funcionarios, negociación incompatible, maltrato psicológico, lesiones leves en contra de la mujer o grupo familiar, peculado, lavado de activos; entre otros. Acuña tiene 8 expedientes con archivo definitivo por coacción, falsedad y soborno electoral.

El cuarto lugar de autoridades electas es Manuel Gambini Rupay con 100 carpetas fiscales, electo gobernador de Ucayali. El grueso de los delitos que se le imputan son usurpación, abuso de autoridad, falsedad genérica, banda criminal y lavado de activos; todos ellos concentrados en el distrito fiscal de Ucayali. Cuenta con un expediente por presunto delito de peculado en el distrito judicial de Lima.

Pasado en cargos públicos

Tener tantas carpetas fiscales no es un caso aislado. De las 16 autoridades electas en primera vuelta, el 69% ya han desempeñado cargo público. Muchas de las denuncias responden a los períodos en que han sido autoridades como es el caso de los cuatro primeros mencionados. Este panorama aviva un debate no reciente: limitar o no la participación de candidatos con importante número de expedientes fiscales o antecedentes judiciales para evitar que la corrupción siga ganando terreno al interior de la administración pública. No obstante, esta no es una medida sencilla de resolver.

“Hay que tener en cuenta que el derecho internacional condiciona a la existencia de una sentencia firme para poder limitar el derecho de ser elegido, y un proceso no es una sentencia, porque existe el derecho a la presunción de inocencia. Además, yo puedo estar investigado y si pese a eso me terminan eligiendo y durante el periodo de mandato representativo yo termino recibiendo una sentencia condenatoria, ello podría derivar en una causal de vacancia o suspensión del cargo, entonces yo como autoridad también asumo el riesgo”, explica el especialista en derecho electoral, José Naupari.

Cabe señalar que a la fecha, los candidatos a cargo público por elección popular solo están obligados a declarar las sentencias condenatorias en sus hojas de vida, más no las investigaciones activas.

Entre 70 y 20 expedientes

Siguiendo con el ránking tenemos a Zózimo Cárdenas, electo gobernador de Junín con 63 carpetas. Es imputado por los delitos de lavado de activos, peculado, colusión simple, abuso de autoridad. Registra un expediente que ya cuenta con acusación por el presunto delito de minería ilegal y contaminación del medio ambiente. Además afronta delitos contra la administración pública, negociación incompatible. Las 9 carpetas con archivos definitivos son por los delitos de contaminación ambiental, corrupción de funcionarios, entre otros.

Luis Otzuka, electo gobernador de Madre de Dios tiene 48 expedientes. Tres de ellos corresponden a lavado de activos y otros tres por el delito de contaminación por minería ilegal. Además, otros cargos que se le imputan son extorsión, homicidio culposo, falsedad ideológica, nombramiento ilegal de cargo público; entre otros.

Con 37 carpetas fiscales tenemos a Walter Grundel, electo gobernador de San Martín, quien debe responder por delitos tanto en su región como por los 4 que registra en Lima. Entre los cargos que se le imputan está el lavado de activos, cohecho, abuso de autoridad, peculado y omisión de actos funcionales.

Y con 27 carpetas fiscales se encuentra Antonio Pulgar Lucas, electo gobernador de Huánuco. Se le imputan los delitos de falsificación documentaria, abuso de autoridad. Cuenta con un expediente por violencia familiar, así como lavado de activos y concusión (cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o cobra más de lo que le corresponde por las funciones que realiza). En Pasco, a Pulgar Lucas se le archivó de forma definitiva un caso por comercialización de flora y fauna protegida.

Rohel Sánchez, autoridad de Arequipa y Leoncio Huayllani de Huancavelica registran 26 y 20 carpetas fiscales respectivamente. El primero, debe responder por enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, delito contra la administración pública, entre otros. El segundo, deberá hacer lo propio ante las imputaciones por falsificación de documentos, disturbios, peculado y abuso de autoridad. De las 20 carpetas de Huayllani, 14 ya cuentan con dictamen.

Derecho a la información y la presunción de inocencia

Conforme se va conociendo el consolidado de expedientes, el panorama se torna más preocupante. Queda claro que es un estado de derecho, garantizar la presunción de inocencia es un deber al que no se puede renunciar, sin embargo, para el politólogo Fernando Tincopa del Centro Wiñaq, es necesario hacer el esfuerzo para que la ciudadanía cuente con toda la información necesaria para emitir un voto realmente informado, sobre los antecedentes de quienes serán sus autoridades.

“Entre resguardar la presunción de inocencia de una persona que tiene 163 carpetas fiscales abiertas y que probablemente tenga indicios claros de ser abiertamente corrupto, versus el hecho de excluir a aquellos potencialmente corruptos, lo que debería primar es el beneficio del bien común y de las mayorías, para considerar que los niveles de los filtros por el que tiene que pasar alguien que pretende ser autoridad política en este país, deberían ser muchísimos más exigentes”, sostiene.

Entonces, ¿en manos de quién está la responsabilidad de regular o proponer una salida? José Naupari opina: “Hay un debate pendiente sobre si a partir de una determinada etapa de un proceso penal, el candidato debe estar obligado a declararlo como antecedente. Para que eso ocurra se necesita una reforma desde el Congreso porque es de carácter de la ley orgánica. Entonces, si un candidato está a nivel de juicio oral, debería declararse porque la naturaleza de esa etapa es pública, no habría por qué no avanzar en ese sentido en una reforma”, añade.

Por su parte, la abogada y exministra de Justicia, Ana Neyra, considera que la salida no está en poner más límites a los requisitos de los postulantes, sino en hallar mecanismos que permitan que la información judicial sea asequible. “Creo que sí es posible transparentar la información, que esté a disposición de las personas por parte de los órganos de justicia y no solo porque lo soliciten los medios de comunicación, sino porque es un derecho. En el Congreso se intentó que se modificara la norma para que sean de acceso público los antecedentes en el marco de un proceso electoral pero finalmente no fue aprobada”, agrega.

La abogada penalista Romy Chang propone su punto de vista. “Creo que el aporte que todos esperamos hacia una salida no proviene tanto de la autoridad electoral, sino de la autoridad fiscal y jurisdiccional, porque lo cierto es que la demora en la tramitación de estas denuncias es tal, que incluso podrían transcurrir muchos años y si una persona decide postular, llegue a esa elección sin que se hayan resuelto sus casos. Esta demora por parte del sistema judicial ocasiona también este gran número de carpetas fiscales acumuladas”, concluye.

Ana Neyra, por su parte, también dirige la responsabilidad a los partidos políticos pues, ellos son el primer filtro ante la oferta electoral: “Creo que debe haber un compromiso real de parte de los partidos de hacer una mejor selección de la gente que finalmente milita en ellos y que luego tiene posibilidades de ser candidato o candidata. Por otro lado, es necesario una reforma integral que atienda lo que ocurre a nivel de los movimientos regionales”, enfatiza.