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por Catalina Quinto
·El Poder en tus Manos de RPP accedió a la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra Fuerza Popular. El documento detalla antecedentes históricos, prácticas parlamentarias y presuntos vínculos con colectivos violentistas que, según la Fiscalía, configuran conductas antidemocráticas.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una solicitud ante la Corte Suprema para que se declare ilegal al partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. La denuncia, de más de 300 páginas, argumenta que la agrupación ha incurrido en conductas antidemocráticas, vulnerando derechos fundamentales y legitimando la violencia política.
El requerimiento inicia citando la historia de Fuerza Popular, desde los inicios del fujimorismo bajo el mando del expresidente Alberto Fujimori hasta la actualidad con Keiko Fujimori.
"En suma, estos procesos electorales de los años 2011, 2016 y 2021 -en los que activamente participó la organización demandada con el fin de llegar al sillón presidencial- concluyeron con la proclamación de cada uno de los contendores directos de su lideresa, Keiko Fujimori, resultando electos como presidentes constitucionales de la República Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y José Pedro Castillo Terrones, respectivamente, por mayoría de votos, significando ello 3 derrotas consecutivas para la organización demandada", señala en el documento.
La Fiscalía sostiene que, tras perder las elecciones presidenciales de 2011, 2016 y 2021, Fuerza Popular no reconoció los resultados y promovió discursos y acciones orientadas a deslegitimar a los ganadores: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. El documento señala que la organización instaló un clima de confrontación política permanente, afectando la gobernabilidad del país.
"Sin embargo, lejos de asumir tales resultados como expresión legítima de la voluntad popular, la referida organización desplegó sistemáticamente prácticas de desconocimiento de los mismos, impulsando discursos y acciones orientados a la gobernabilidad deslegitimar a las autoridades electas, obstaculizar la gobernabilidad e instalar un ambiente de permanente confrontación política cada vez más hostil y desestabilizadora, no solo a través de sus dirigentes o de su propia lideresa —quien nunca logró acceder al más alto cargo de elección popular, siendo rechazada por la voluntad ciudadana expresada en las urnas hasta en tres elecciones consecutivas, en tres elecciones consecutivas-, sino y más aún a través de sus representantes dentro el Congreso de la República".
Los argumentos de la denuncia contra Fuerza Popular
Sobre los derechos presuntamente vulnerados, la Fiscalía señala que las actividades de la organización política Fuerza Popular resultan contrarias a los principios democráticos debido a que ha vulnerado de manera sistemática -desde su inscripción y a lo largo del tiempo- los derechos fundamentales de diversos grupos sociales.
La Fiscalía sostiene que "Fuerza Popular, a través de tres acciones identificadas -La Resistencia y sus facciones violentistas, los integrantes de su bancada congresal y los dirigentes de la cúpula partidaria- ha venido desplegando una estrategia sostenida en el tiempo, materializada en: "Manifestaciones públicas coordinadas por los dirigentes del partido y parlamentarios de su bancada, difundidas tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Plantones en los centros de trabajo y domicilios de los agraviados. Agresiones verbales, campañas de odio y amenazas. Inicio de investigaciones en procedimientos parlamentarios sin fundamento. Estigmatizaciones terroristas y/o presión política".
Según la Fiscalía, estas conductas se han dirigido contra determinadas personas, afectando especialmente a:
1. Magistrados y funcionarios públicos afectados: "José Domingo Pérez Gómez, Rafael Ernesto Vela Barba, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera, Jorge Luis Salas Arenas, Piero Alessandro Corvetto Salinas y Richard Augusto Concepción Carhuancho. (...) Las acciones ejecutadas por Fuerza Popular tuvieron como propósito deslegitimar y obstaculizar las atribuciones constitucionalmente conferidas a las autoridades. Tal proceder refleja la promoción sistemática de atentados contra la integridad de los agraviados, así como su persecución por razón del cargo que ejercen, vulnerando de manera continua y coordinada sus derechos fundamentales; esto es, en flagrante violación de su integridad física y moral, autonomía funcional, derecho al honor, buena reputación y tranquilidad"
2. Personas consideradas adversarios políticos: "Yonhy Lescano Ancieta, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra Cornejo, Salvador del Solar Labarthe y José Pedro Castillo Terrones. (...) Tal proceder de Fuerza Popular constituye un atentado sistemático contra la integridad de los agraviados y una forma de persecución por razón de posición política, vulnerando de manera continua y coordinada sus derechos fundamentales, en desmedro de su integridad física, moral y tranquilidad, así como de la gobernabilidad que los Jefes de Gobierno y el Jefe de Gabinete Ministerial representaban"
3. Periodistas y medios de prensa independientes afectados: "Rosa María Augusta Palacios McBride, Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen, IDL-Reporteros y Jaime Miguel Chincha Ravines. (...) Las acciones ejecutadas por Fuerza Popular tuvieron como propósito intimidar, desacreditar la imagen pública y/o obstaculizar la labor de investigación periodística. Tal proceder de Fuerza Popular constituye un atentado sistemático contra la integridad de los agraviados y una forma de persecución por razón de posición política, vulnerando de manera continua y coordinada sus derechos fundamentales, en desmedro de su integridad física y moral, derecho al honor, buena reputación, tranquilidad y libertad de prensa."
4. Sociedad civil organizada: "Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. (...)Las acciones ejecutadas por Fuerza Popular, en particular a través del colectivo “La Resistencia” y de otros como “Los Combatientes” y “La Insurgencia”, tuvieron como propósito intimidar, desacreditar su imagen pública y/u obstaculizar su labor en la defensa de los derechos humanos", todos estos argumentos señalados en el documento.
Fundamento legal del pedido
La solicitud se basa en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que permite declarar ilegal a un partido cuando:
vulnera sistemáticamente derechos fundamentales,
legitima la violencia como método político, o
apoya directa o indirectamente a organizaciones violentistas o de narcotráfico.
La Fiscalía concluye que Fuerza Popular encaja en estos supuestos al promover persecución de adversarios, legitimar la violencia política y mantener vínculos con colectivos violentistas.
¿Qué pasaría si se declara ilegal?
Si la Corte Suprema acoge la solicitud, Fuerza Popular perdería su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.
No obstante, esta decisión no anularía cargos ya obtenidos en elecciones, sino que impediría al partido seguir participando como organización política reconocida, explicaron expertos en derecho electoral a RPP.
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