JEE evalúa uso de universidades a favor de César Acuña y Alan García

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 evalúa informes sobre uso de recursos de universidades a favor de las campañas electorales de César Acuña, José Luna y Alan García, informó este jueves el director nacional de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Alberto Kuroiwa.

“Se apreciaron tres casos de uso de recursos de universidades a favor de campañas, el primero fue de César Acuña. El informe de fiscalización ya fue entregado al Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, que es la primera instancia y estamos a la espera de la resolución de dicho caso”, dijo.

Este informe de oficio fue presentado por el área técnica de la Dirección Nacional de Fiscalización hace 15 días, precisó.

Asimismo, dio cuenta de que este jueves en horas de la mañana se han presentado dos informes: uno sobre el caso del congresista José Luna y otro referido al expresidente Alan García.

“Adicionalmente tenemos un caso que corresponde a propaganda indebida y también hoy (jueves) en la mañana ha ingresado al Jurado Especial Electoral Lima Centro 1 el informe de fiscalización correspondiente al candidato Hernando “Nano” Guerra García”, agregó.

Kuroiwa detalló que hasta la fecha, la Dirección Nacional de Fiscalización del JNE, ha emitido 300 informes referidos a posibles infracciones en la publicidad estatal, ante el JEE Lima Centro 1, los cuales ya se están tramitando.

Sanciones

Por su parte, la especialista en Derecho Electoral, Yessica Clavijo, advirtió que además de las sanciones pecuniarias que establece el Reglamento de Publicidad, Propaganda y Neutralidad del JNE, el artículo 389 de la Ley Orgánica de Elecciones establece penas privativas de libertad no menores a dos años para delitos electorales.

Estos delitos comprenden la difusión de propaganda electoral en los periodos prohibidos y para las acciones que atenten contra el honor de un candidato y las buenas costumbres, precisó.

También indicó que el artículo 385 de la Ley Orgánica de Elecciones establece sanciones privativas de la libertad no menores a dos años a los funcionarios públicos que desarrollen cualquier acto “que perjudique o favorezca” a una organización política o candidato.

Señaló que los Jurados Electorales Especiales, además de correr traslado de estos casos a la Contraloría General de la República, también lo hace al Ministerio Público para que proceda conforme a sus competencias.

Asimismo, anunció que a partir de enero unos 300 fiscalizadores de campo apoyarán la labor de los Jurados Electorales Especiales en todo el país, a fin de advertir y denunciar cualquier vulneración a la normatividad electoral.

“La labor técnica y fiscalizadora se realiza de manera permanente a nivel nacional”, puntualizó Clavijo.

ANDINA