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Más de tres millones de peruanos sobreviven en el país sin este recurso vital. En cada campaña electoral nacional o regional, la promesa de que todos los ciudadanos tendrán agua está presente siempre pero, llegado el momento, ¿por qué no se cumple con el ofrecimiento de cerrar las brechas en el Perú?
Según cifras de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en el Perú 3.5 millones de personas no cuentan con servicio de agua potable, lo que representa al 9% de la población. De esta cifra, cerca de 2 millones de personas que viven sin el servicio se concentran en las regiones de Lima (798.348), Loreto (457.179), Puno (457.118) y Piura (231.849).
A estos números hay que agregar a la población sin acceso a la red de alcantarillado, que suman 6.4 millones en todo el país, siendo el ámbito rural donde la carencia de acceso al agua se acentúa: solo 3 de cada 100 personas recibe agua adecuadamente clorada, según reportes de Sunass.
Y desde Sunass también se afirma que diversos estudios han demostrado que las familias que cuentan con agua potable reducen considerablemente los problemas de salud como la desnutrición o anemia. Además, el acceso al agua contribuye sustancialmente al desarrollo integral de cada persona.
Contar con agua segura para el consumo es un derecho humano fundamental, pues así lo señala la propia Constitución Política, sin embargo, que más de tres millones de peruanos continúen sin este recurso elemental es un aspecto que debe llamar a la reflexión y a la acción, sobre todo de los políticos que, en cada campaña electoral, incluyen en sus promesas de campaña el abastecimiento nacional de agua.
Elecciones
La eterna promesa del agua para todos los peruanos
La promesa política incumplida
En la campaña presidencial más reciente de 2021, la mayoría de las candidaturas consideraron entre sus programas políticos y discursos de campaña (algunas desarrollaron el tema más que otras), el acceso al agua para todos los peruanos como promesa de llegar al Gobierno. Incluso, antes de eso, personajes políticos que sí llegaron a gobernar se manifestaron, en su momento, al respecto:
“Yo no privatizaría el servicio de agua potable, el Estado tiene la obligación de brindar el servicio de calidad. Primero demos agua a todos y después veremos”, (Alan García - 2016).
“Aseguraremos el acceso al agua y alcantarillado para todas las familias que hoy no cuentan con estos servicios y que representan 10 millones de habitantes, o sea, casi un tercio de la población. Proveeremos una inversión significativa que priorizará la Amazonía y las zonas andinas” (Pedro Pablo Kuczynski -2016).
“Debemos reducir en forma significativa los 3.5 millones de peruanos que no tienen agua con ejecución de proyectos, parte de eso lo asumimos en forma directa, pero no lo podemos hacer solos, necesitamos el apoyo de los gobiernos regionales y locales a quienes hemos transferido recursos” (Martín Vizcarra -2018).
"El agua no se puede municipalizar y ese es un problema de la descentralización que se propuso, nosotros planteamos fortalecer el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) y hacer un subsidio cruzado para dotar de agua a familias vulnerables a un precio accesible", (Ollanta Humala- 2021).
“Hoy nuestro Gobierno aprobó un Decreto de Urgencia que autoriza al Ministerio de Vivienda transferir más de 38 millones de soles a Sedapal y Otass. Nuestro compromiso es garantizar una mejora en la calidad de los servicios públicos de agua y saneamiento para todo el pueblo peruano”, (Pedro Castillo - 2021).
Pero, pese a los ofrecimientos y esfuerzos, lo concreto es que transcurren los años y la brecha de peruanos sin agua no termina de cerrarse. ¿Por qué es difícil cumplir con dotar de agua a todos los ciudadanos?, ¿qué factores no permiten que el acceso al agua sea un derecho garantizado para todas las personas dentro del territorio nacional? Actores claves en el manejo, administración y promoción del uso del agua nos ayudan a entender.
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Factor político y económico
“El problema de fondo es que el agua en el Perú se utiliza como un instrumento político, es decir, la promesa del agua en sí misma es una maquinaria de votos. Prometer agua potable a las familias que no la tienen es un instrumento muy poderoso al momento de los procesos de elección. Claro, como después no cumples con la promesa porque han pasado cinco años -en el caso del gobierno nacional- las personas se olvidan de que les habían prometido el agua”, señala Flavio Ausejo, exmiembro del Consejo directivo de la SUNASS.
Al componente político, Ausejo identifica otros factores al momento de analizar la promesa pendiente del agua para todos.
“También hay que tener en cuenta el elemento económico. La infraestructura de agua potable y de alcantarillado involucra grandes montos de inversión, y para que esa inversión suceda, en el caso de Sedapal por ejemplo, se requiere que las empresas reciba una cantidad importante de recursos y tener capacidad de ejecución en obras. Su capacidad de inversión es mucho más alta que su recaudación. Y siguiendo en este nivel económico, los ciclos de inversión son muy amplios, aspecto que está asociado a una continuidad de los directorios y gerencias, que no se cumple por el componente político que explico”, detalla el especialista.
Al no haber una mirada estratégica hacia una buena prestación del servicio, la provisión del agua se dirige a aquellas localidades donde el bolsón político es más atractivo, señala Ausejo.
“Fuera de Lima, hay cincuenta empresas prestadoras de servicio de agua de las cuales los propietarios son los municipios y estas por muchos años fueron manejadas como caja chica cada fin de mes con la recaudación obtenida por el pago de recibos”, sentencia.
A los intereses políticos asumidos en campaña, se suma la falta de transparencia con la población. Se promete brindar el servicio de agua, pero no se explican los plazos, procesos y dinero que se necesita para concretar un proyecto de saneamiento, sobre todo si se trata de llevar agua a zonas altas o alejadas, así lo señala Jorge Poma, director ejecutivo del Movimiento Peruanos sin Agua.
“A veces, para hacer un proyecto de agua hay que construir primero la carretera para que pueda subir la maquinaria que podrá poner en marcha un reservorio. En promedio, un proyecto de agua demora en implementarse siete años, lo cual muchas veces escapa de muchas gestiones y es allí donde la autoridad dice: ‘bueno, yo no lo voy a inaugurar, lo va a inaugurar el siguiente; entonces mejor me voy con otro proyecto’ y es así como se desentiende del compromiso”, explica.
El problema ético
En las zonas rurales solo 3 de cada 100 personas recibe agua adecuadamente clorada, es decir, apta para el consumo. Prometer agua y no cumplir la promesa es una falta de principios y de seriedad con la ciudadanía, señala Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética.
“Los partidos políticos y movimientos regionales están en la obligación de reconsiderar su desempeño, sobre todo los que ya han sido gobierno. No cumplir con las promesas de campaña es un reflejo de que como no tenemos un sistema de partidos políticos sólidos, los candidatos van cada quien por su cuenta y no tienen respaldos de equipos técnicos que les digan cómo es un proyecto de agua. Una persona que en esas condiciones llega a ser elegida, se da con la dura realidad y comprueba de que es mucho más difícil sacar adelante una promesa de agua de lo que se imaginaba”, acota.
Hoy, una familia que no está conectada a la red pública de agua potable paga al día hasta 150 soles por 5 metros cúbicos (cinco mil litros). Por el contrario, una familia con conexión a red pública y que consume 25 metros cúbicos paga 50 soles en promedio en Lima metropolitana. Una falsa promesa incumplida repercute en la salud, la economía y, sobre todo, en el desarrollo integral de cada persona.
Propuestas concretas y confiables es lo que la población más afectada por la falta de agua necesita con urgencia y debe exigir.
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Maricarmen Chinchay Periodista
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