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por Sergio Espinoza
·Galarreta criticó también que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentara este pedido a un día de que se debate su permanencia en el cargo.
El secretario general de Fuerza Popular (FP), Luis Galarreta, acusó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de actuar políticamente por haber pedido a la Corte Suprema la ilegalidad de la agrupación fujimorista.
En Ampliación de Noticias, el también parlamentario andino negó que algún dirigente del partido tenga nexos con organizaciones antidemocráticas, entre ellas ‘La Resistencia’ y sus facciones violentistas, tal como sostiene la titular del Ministerio Público.
“La estructura del partido no tiene ninguna vinculación con ninguna de las organizaciones que usted ha mencionado. Es más, yo le voy a enseñar un tuit de Keiko del año 21, trayendo un comunicado… donde nosotros marcamos totalmente distancia con los grupos que hagan violencia. En este caso, con la propia Resistencia”, indicó.
“La señora fiscal, desgraciadamente, está siendo política”, agregó.
Galarreta criticó que Espinoza Valenzuela presentara la solicitud un día antes de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) -organismo encargado de nombrar, destituir y ratificar a jueces y fiscales- evalúe la permanencia de la magistrada.
“Yo pienso que quiere ensuciar, está preocupada, yo no sé cómo está su proceso, en qué quedará su proceso, pero la siento nerviosa, preocupada, o desesperada, cuestionando a todo el mundo, y, por último, al partido que es la primera minoría”, apuntó.
Para el dirigente de FP, los cuatro elementos imputados por el Ministerio Público no calzan con el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas para declarar la ilegalidad de una agrupación, deslindando de que se trate de un caso similar que devino en la disolución del partido A.N.T.A.U.R.O.
“[Refiriéndose al partido vinculado a Antauro Humala] Tenías un partido que dice que, si llegamos al gobierno, desaparece el Tribunal, la Defensoría, va a fusilar a los expresidentes. O sea, abiertamente en contra del Estado de Derecho”, aseveró.
Finalmente, Luis Galarreta cuestionó que el pedido fiscal ad-portas de las Elecciones Generales de 2026.
“Tanto que se habla de terrorismo, como si la señora está metiendo un coche bomba a las elecciones. ¿Por qué? Porque el proceso electoral está convocado. Porque ya los partidos que están inscritos ya están incluso haciendo internas”, finiquitó.
Fiscalía pide ilegalidad de Fuerza Popular: los argumentos detrás de la denuncia
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una solicitud ante la Corte Suprema para que se declare ilegal al partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. La denuncia, de más de 300 páginas, argumenta que la agrupación ha incurrido en conductas antidemocráticas, vulnerando derechos fundamentales y legitimando la violencia política.
La Fiscalía sostiene que, tras perder las elecciones presidenciales de 2011, 2016 y 2021, Fuerza Popular no reconoció los resultados y promovió discursos y acciones orientadas a deslegitimar a los ganadores: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo.
El documento señala que la organización instaló un clima de confrontación política permanente, afectando la gobernabilidad del país.
Sobre los derechos presuntamente vulnerados, la Fiscalía señala que las actividades de la organización política Fuerza Popular resultan contrarias a los principios democráticos debido a que ha vulnerado de manera sistemática -desde su inscripción y a lo largo del tiempo- los derechos fundamentales de diversos grupos sociales.
La Fiscalía sostiene que "Fuerza Popular, a través de tres acciones identificadas -La Resistencia y sus facciones violentistas, los integrantes de su bancada congresal y los dirigentes de la cúpula partidaria- ha venido desplegando una estrategia sostenida en el tiempo, materializada en: "Manifestaciones públicas coordinadas por los dirigentes del partido y parlamentarios de su bancada, difundidas tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Plantones en los centros de trabajo y domicilios de los agraviados. Agresiones verbales, campañas de odio y amenazas. Inicio de investigaciones en procedimientos parlamentarios sin fundamento. Estigmatizaciones terroristas y/o presión política".
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