Reformar el sistema de justicia para acabar con la corrupción, por Andrés Alcántara

Por supuesto que sí; considero vital una profunda reforma del sistema judicial, para defender la democracia de bandas criminales inmerso en política, para acabar con la delincuencia común y acabar con la corrupción. Hay una lentitud que caracteriza al Poder Judicial (PJ) han acumulado 3.3 millones de expedientes judiciales a la espera de ser resueltos. Estos expedientes incluyen casos de desalojo, demanda de alimentos 50% o regímenes de visitas.

La Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, debió implementarse en marzo del año pasado, pero la pandemia retrasó los desembolsos (esta seria un interesante mecanismo, pero hay varios factores, que “justifican su retraso” considerando que, el Banco Mundial aprobó un financiamiento de US$ 150 millones para conseguir el escalamiento nacional del expediente judicial electrónico en área no penal. Su escaso avance solo se explica por falta de voluntad política, desde la cabeza del poder judicial, la JNJ y del Gobierno central.

A pesar que El Poder Judicial y la fiscalía son los órganos llamados a actuar para erradicar la corrupción, en todo el sector público, pero en el PJ y las fiscalías, la corrupción se ha institucionalizado, ha adquirido dimensiones incontrolables, por lo que su debilidad institucional, las hace incapaces de enfrentar y resolver el problema; se requiere una reforma total del sistema de justicia.

Una situación así requiere una transformación radical de las instituciones, haciéndolas más fuertes, más transparentes e independientes; y como medida de mediano plazo, combatir la aceptación de la población a la corrupción, les parece normal, dar una coima para que avance un trámite.

En un gobierno de Democracia Directa, proponemos:

• Implementar la reforma integral de todo el sistema encargado de administrar justicia:
  • Reforma integral de la PNP, que enfrente los problemas de falta de efectivos de línea y exceso de generales; la corrupción enquistada y el crimen organizado y narcotráfico que infesta la institución.
  • Reforma integral del ministerio público; donde la limitada capacidad de sus miembros para conducir investigaciones criminales, se suma a la falta de recursos y la infiltración de la corrupción, por motivos políticos, económicos o criminales.
  • Reforma del poder judicial, imponiendo como nuevo paradigma el “impartir justicia” y no solo la “aplicación de la ley”. La idoneidad de los jueces y su capacidad de resolución de casos.
• Incremento Presupuestal, para todas las instituciones de justicia, que permitan implementar las mejoras recomendadas en la reforma.
• Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de las instituciones.
• Mejorar la calidad de la formación y capacitación de los agentes que participan en todo el sistema de justicia, según estándares internacionales.
• Fortalecer los órganos encargados de perseguir la corrupción; en la fiscalía el órgano de control interno a cargo de un fiscal supremo que tiene un año de mandato. En el poder judicial la OCMA.
• Concursos públicos abiertos, transparentes, fiscalizados externamente, para Elección de Jueces Y Fiscales.
• Registro Nacional de Jueces y Fiscales; con sus méritos y deméritos; infractores y sanciones aplicadas.
• Sistemas de alerta sobre acciones de posible corrupción en la PNP, PJ y ministerio público (decisiones, transparencia del gasto, adquisiciones, etc).
• Control del estado financiero de jueces y fiscales y sus familiares, a través de la Unidad de Información Financiera.
• Implementar el sistema de Expediente Judicial Electrónico en el 100% de organismos del PJ. Para resolver los 3.5 millones de expedientes sin resolver.