Por un sistema de justicia realmente justo y de amplia legitimidad, por Marco Arana

En la lucha contra la corrupción, una de las primeras líneas de combate debe ser la reforma del sistema de justicia. Antes de que el Congreso del período 2016-2021 acaparara la atención por graves casos de impunidad en corrupción, el Poder Judicial era percibido como el más corrupto de todos los poderes del Estado.

Esta situación debe llevar a que se retomen los debates sobre la necesidad de una nueva reforma del Sistema de Administración de Justicia. A la luz de la corrupción y la impunidad extendida, consideramos que han fracasado los intentos de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) así como el Acuerdo por la Justicia de 2017. Entre los factores que explicarían este fracaso están la inapropiada planificación y ejecución del presupuesto, la falta de colaboración entre las instituciones del propio sistema, la rotación permanente de autoridades, mandos medios y especialistas, la falta de digitalización de los expedientes, la ausencia de un enfoque de justicia intercultural y de género, así como de justicia ambiental (en un país donde la mayor conflictividad es socioambiental), a todo lo cual, se añade el flagelo de la corrupción.

Teniendo en cuenta la disponibilidad fiscal, desde mi gobierno dispondré la asignación presupuestal adecuada para formar mejor y equipar adecuadamente al personal de la PNP, del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del INPE, la Junta Nacional de Justicia, la Academia de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, incluyendo también a la Contraloría General de la República. A todo el sistema de justicia hay que dotarle también de las herramientas tecnológicas necesarias, evaluando anualmente su desempeño integral.

Ante la falta de colaboración entre las entidades del SAJ, propongo adoptar el modelo de justicia digital (“cero papel”), que parte de la implementación del expediente único digital en forma progresiva, homologando los lenguajes y tecnología de todas las instituciones del país. Hay que poner fin al extravío de expedientes, pruebas y documentos en papel, así como el retardo intencionado de causas por corrupción

La elección de los altos magistrados de la Junta Nacional de Fiscales y de Jueces Supremos deberá hacerse por los fiscales y jueces titulares de todo el país. No más un mecanismo cerrado de elección como el que existe actualmente. Mi gobierno establecerá los mecanismos de participación ciudadana para el escrutinio de los candidatos. Las reformas del proceso laboral y penal serán reencaminadas a partir de garantizar los derechos laborales e incentivos adecuados a todos los servidores, lo mismo que al personal penitenciario y de centros juveniles.
Mi gobierno dará autonomía a la Procuraduría General de la República, cuya autoridad máxima será elegida por el Congreso de la República por un período de siete años, a efectos de garantizar su independencia respecto del gobierno de turno.

En mi gobierno se creará una sola escuela de formación policial con una rigurosa calificación de los aspirantes a ella. Adoptaré el enfoque de Policía Comunitaria, también el Programa de Prevención Estratégica del Delito del Ministerio Público y crearé un robusto Programa Nacional de Atención a Víctimas y Testigos que brinde apoyo legal, psicológico, social y protección y seguridad a las víctimas de homicidios, feminicidio, lesiones graves, crímenes ecológicos, etc.
Mi gobierno promulgará la ley de justicia intercultural, por la cual se reconocerá el sistema de justicia de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas, y en ella se establecerán las relaciones de coordinación con el fuero ordinario. Asimismo, promulgaré la ley de consulta legislativa previa. No más la imposición de un sistema de justicia colonial, discriminador y excluyente.