Ilegalidad y precariedad, el lado gris de la educación privada

En Perú hay 13 mil 241 locales privados y autorizados para dictar clases en los niveles de inicial, primaria y secundaria con 1.9 millones de estudiantes matriculados a diciembre pasado, según la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. Del total, Lima concentra el 45% de la oferta con 6030 locales y, de este porcentaje, su provincia homónima el 42% con 5641.

Sin embargo, en el mercado de la educación privada también hay locales no autorizados para brindar clases. Solamente en Lima Metropolitana hay más de 300 establecimientos de este tipo que ya están siendo fiscalizados y clausurados por los municipios en conjunto con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Estos centros, además de jugar con la formación de niños y adolescentes, también ponen en riesgo sus vidas por la falta de seguridad en sus infraestructuras.

RPPData acompañó un operativo de cierre de locales ilegales en Comas y observó que uno de los argumentos que usan sus representantes es tener todos los papeles en orden, pero en trámite. Juana Sono, jefa de la oficina de Supervisión del Servicio Educativo de la DRELM, reitera que “para matricular a los estudiantes es necesario saber que el colegio cuenta con la autorización ya firmada, con una resolución que emite la dirección regional. Nunca está en trámite porque muchas las solicitudes de autorización no necesariamente van a tener una respuesta positiva”.

Violaciones a las normas, multas y deudas

Entre las faltas más recurrentes de los centros educativos está ofrecer servicios diferentes a los autorizados; por ejemplo, tener permiso para el nivel primario e incluir también el de secundaria. El 2016, la DRELM sancionó a 30 colegios privados con 3 millones 950 mil soles, equivalentes a 1000 UIT (Unidades Impositivas Tributarias).

En los últimos seis años, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso 4670 sanciones a 1830 colegios privados y multas por más de 15 millones de soles (4249 UIT), según comentó su funcionaria María del Carmen Perea, de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor.

Veintisiete empresas o personas que acumulan las multas más altas impuestas con 4.7 millones de soles, a partir de 13.6 UIT cada una, tienen 185 sanciones y están encabezadas por Francisco Juan Espinoza Jáuregui, según analizó RPPData. A este personaje, expromotor de la I.E.P. Cristo Redentor de Chorrillos, se le impuso más de 2 millones de soles por no haber brindado seguridad y medidas de prevención adecuadas para evitar la violación a un estudiante en el 2012, no haber comunicado a la autoridad competente sobre el hecho y por no haber implementado acciones idóneas luego del ultrajo.

De estos 27 multados, 17 deben 3.1 millones de soles solamente en casos que iniciaron desde el 2011, según información del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi. La I.E.P. Luz Divina de María S.A.C. y la Asociación Educativa Santa Beatriz – Grupo Trilce (con suspensión temporal según la Sunat) siguen en la lista con las deudas más elevadas. Esta última empresa fue sancionada el 2013 con 85 mil 991 soles por cobrar cuotas extraordinarias, condicionar el servicio educativo al pago de las pensiones y solicitar un pago de interés moratorio mayor al establecido por el Banco Central de Reserva del Perú, según la resolución 1621-2013/SPC.

En algunos casos las sanciones se imponen por inspecciones de rutinas o por denuncias de los padres de familia como lo hizo Luz Laureano. 

Una historia sin final feliz

Luz Laureano Retuerto tiene 44 años y vive en Cercado de Lima junto a su familia. En la calle José M. Rodríguez, a dos minutos de su casa a pie, hay una vivienda de tres pisos con paredes crema y guinda donde hasta hace un par de años funcionaba un local de la I.E.P. Luz Divina de María S.A.C. En marzo del 2013, Luz denunció a ese colegio ante el Indecopi porque cambió sin notificarle dos veces el local para que estudien sus dos hijas. Para sorpresa de ella, el establecimiento que prestaba servicios de educación no tenía autorización para hacerlo.

Siete meses después de presentar su denuncia, el Indecopi multó a Luz Divina de María S.A.C. con 11 UIT, unos 40 mil 700 soles. Lo hizo porque no brindó un servicio idóneo en tanto no tenía autorización para impartir clases (10 UIT) y porque no informó sobre los cambios del local para el año escolar 2012 (1 UIT), tal como indica la resolución final N° 1736-2013/CC2.

Además de estas sanciones, el organismo público ordenó como una de sus medidas correctivas devolver el dinero que la denunciante pagó durante todos los años que estudiaron sus hijas en ese local: una recibió clases durante cuatro años y la otra por uno. Sin embargo, hasta la fecha Luz no ha recibido ni un sol de los aproximadamente 5500 soles que debía devolverle; y la empresa aún mantiene su deuda, con tres multas más que en total alcanzan los 91 mil 514 soles.

Al consultar a María del Carmen Perea sobre las deudas impagas en el sector educación comentó que existe la posibilidad de que los sancionados no quieran pagarlas, pero que en estos casos “se activan los mecanismos judiciales que correspondan para poder lograr el pago de la deuda porque finalmente es una obligación del proveedor que ha sido sancionado”. Estos mecanismos, los embargos, se ejecutan conforme a la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva; sin embargo, aún hay personas y empresas que deben por casos que se denunciaron hace 6 años o incluso más.