El abogado del Observatorio de Minería Ilegal advirtió que estos recursos alimentan campañas electorales y alertó que el 30 % de los planes de gobierno ignoran esta problemática.
El abogado César Ipenza, miembro del Observatorio de Minería Ilegal, se refirió al reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), el cual revela que la minería ilegal movilizó más de 11 500 millones de dólares solo durante el año pasado, una cifra que, según Ipenza, representa "recursos frescos" para financiar intereses políticos y perpetuar la impunidad.
Uno de los puntos más críticos señalados por Ipenza es la existencia de empresas que operan bajo el régimen de Pequeño Productor Minero (PPM), pero que en la práctica exportan volúmenes propios de la gran minería. Un informe conjunto de RPP Economía e IPE reveló que siete de los 25 mayores productores de oro del 2025 están bajo este régimen especial.
"Hay personas naturales y jurídicas que se aprovechan del régimen especial. Dicen ser pequeños mineros, pero en la práctica están exportando más allá de los grandes", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
El abogado agregó que estas empresas operan sin la fiscalización adecuada del OEFA o de los gobiernos regionales, lo que genera una "competencia desleal" frente a la minería formal.
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Análisis de los planes de gobierno 2026-2031
El Observatorio de Minería Ilegal analizó los 36 planes de gobierno de los candidatos a la Presidencia, clasificándolos en tres grupos, según su profundidad para abordar el delito de minería ilegal.
En primer lugar, hay un grupo de 10 partidos, entre ellos Ahora Nación, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú y Fuerza y Libertad, que plantean medidas como unidades especializadas de persecución y el uso de tecnología de ADN para rastrear el origen del oro.
En segundo lugar, hay otro grupo de cerca de ocho partidos que cuentan con menciones superficiales, que señalan el problema, pero no ofrecen propuestas concretas.
Finalmente, el resto de partidos ignora el tema o propone medidas aisladas. Ipenza destacó el caso de Renovación Popular, que no hace mención expresa a la lucha contra este delito.
El Reinfo y la Ley MAPE
Respecto al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Ipenza se mostró escéptico sobre su eliminación definitiva. Aunque algunos partidos proponen no renovarlo más allá del 2026, el abogado advirtió que el Congreso no está trabajando seriamente en una Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala).
"Estoy 100% seguro de que esto no avanza. Estamos todos enfocados en las campañas políticas y no hay ningún trabajo serio en la Comisión de Energía y Minas", puntualizó. Esto, advirtió, dejará la puerta abierta para que el futuro Senado vuelva a ampliar el Reinfo bajo el "chantaje y la protesta" de los sectores informales.
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