A través de un comunicado, el Ejecutivo advirtió que seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Gobierno expresó su rechazo a la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida el pasado 3 de setiembre, en la que se dispone la supervisión de los casos Barrios Altos y la Cantuta, al considerar que la aplicación de la Ley de Amnistía podría vulnerar el derecho derecho de acceso a la justicia de las victimas.
A través de un comunicado, el Ejecutivo calificó la decisión como “inaceptable” y señaló que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “tiene un carácter subsidiario, coadyuvante o complementario”.
En ese sentido, aseguró que no puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna.
“El Perú es un país soberano y democrático que, a lo largo de su historia, ha demostrado un firme y decidido compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, se lee en el escrito.
Por otro lado, el pronunciamiento hace referencia al contexto en que ocurrieron los hechos, vinculándolos con el periodo de violencia terrorista.
“Nuestro país padeció el terrible embate del terrorismo que pretendía subvertir el Estado de derecho y su democracia”, señala el documento.
A ello, añade que los derechos humanos de todos los peruanos “fueron vilmente violados por los delincuentes terroristas”, generándose “una lucha para salvar la democracia y la sociedad peruana”.
Finalmente, el Gobierno anunció que seguirá evaluando su continuidad dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y planteó la posibilidad de “promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos”.
🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/0vFgYZBXlW
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 6, 2025
¿Qué señaló la Corte IDH?
Cabe recordar que en su última resolución la Corte IDH resolvió ratificar “en todos sus términos” su disposición del pasado 24 de julio en la que ordenó al Estado peruano que se suspenda el trámite y se abstenga de aplicar la Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que cometieron delitos en el marco de la lucha contrasubversiva entre los años 1980 y 2000.
En uno de sus considerandos, la Corte precisa que "tanto las representantes de las víctimas [de los casos La Cantuta y Barrios Altos] como la Comisión coinciden en que la aplicación de la Ley de Amnistía vulneraría de manera irreversible el derecho de acceso a la justicia de las víctimas [...], en tanto impediría la continuación de procesos judiciales en curso y llevaría a la liberación de personas ya condenadas que cumplieran con el requisito de tener más de 70 años".