por Roberto Silva
·El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente del Perú. Este informe reconstruye los hechos previos que llevaron al entonces presidente Pedro Castillo a intentar quebrar el orden democrático, así como el proceso judicial en su contra.
En julio de 2021, Pedro Castillo juró por un país sin corrupción, pero desde los primeros meses, su gobierno se vio rodeado de denuncias de actos ilícitos. El hallazgo de 20 mil dólares en uno de los baños de Palacio de Gobierno, irregularidades en contratos del Ministerio de Transportes y presuntas adjudicaciones irregulares para la compra de biodiésel en Petroperú dieron inicio a los cuestionamientos contra su gestión.
El caso más sonado involucró a la empresaria Sada Goray, acusada de entregar sobornos para asegurar la aprobación de proyectos inmobiliarios y obtener ventajas en la asignación de fondos destinados a viviendas de interés social. Con el avance de las investigaciones, Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, fue detenido y solicitó acogerse a la colaboración eficaz. En su declaración ante la Fiscalía, Marrufo reveló la entrega de sobornos para sí mismo, el ministro Geiner Alvarado y el presidente Pedro Castillo.
La mañana del 7 de diciembre de 2022, Marrufo declaró vía remota desde el penal Miguel Castro Castro ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, ratificando la entrega de sobornos a Castillo a través del ministro Alvarado.
Ese mismo día, a las 11:40 de la mañana, Pedro Castillo se dirigió a la nación en un mensaje en el que acusó al Parlamento, al sistema de justicia, a los medios de comunicación y a otras instituciones de ser la causa de los problemas de su gobierno. Luego, con manos temblorosas, visiblemente sudoroso y con voz entrecortada, anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción: fue su intento de golpe de Estado.
La reacción política fue inmediata. El Congreso, reunido para debatir una moción de vacancia presidencial, aceleró el proceso y aprobó la destitución de Castillo por “incapacidad moral permanente”. En paralelo, la Policía Nacional detuvo al mandatario cuando se dirigía junto a su esposa e hijos a la embajada de México.
Investigación por rebelión y conspiración
El Ministerio Público abrió investigación contra Castillo Terrones por los delitos de rebelión y conspiración. La Fiscalía argumentó que el anuncio televisado constituyó un alzamiento en armas al ordenar la intervención de la Fiscalía y disponer medidas de excepción sin sustento legal. Junto a Castillo, fueron incluidos en las investigaciones los entonces ministros Betssy Chávez y Willy Huertas, y el asesor Aníbal Torres, acusados de participar en la planificación.
El proceso judicial avanzó con el inicio del juicio oral en marzo de 2025. La Fiscalía acusó a Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. También, de manera alternativa, lo acusó de conspiración. Durante las audiencias, desde el penal de Barbadillo, donde fue recluido, Pedro Castillo alegó que su mensaje fue un “acto político” y no un golpe de Estado consumado. El exmandatario protagonizó una serie de incidentes desde la primera audiencia.
El intento de golpe del 7 de diciembre de 2022 no solo precipitó la caída de Pedro Castillo, sino que abrió un proceso judicial contra el expresidente que se erigió como un símbolo de cambio y terminó involucrado en denuncias de corrupción y que intentó vulnerar el Estado de derecho.
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Iniciará juicio a Pedro Castillo
El Poder Judicial iniciará el 4 de marzo el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, acusado como coautor del delito de rebelión y autor de abuso de autoridad, por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Cuatros de sus exministros y tres oficiales de la Policía Nacional también son procesados. Conozcamos más en el siguiente informe.
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