En entrevista con RPP Noticias, María Jara señaló que, además de razones de inseguridad vial y de informalidad que hacen inviable esta ley, se suma el riesgo de salud por la actual coyuntura generada por la COVID-19.
La presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), María Jara, calificó de "error" la reciente decisión del Congreso de aprobar el proyecto de ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos a escala nacional, con exclusión de Lima y el Callao.
En diálogo con RPP Noticias, Jara recordó que el Ejecutivo y los gobiernos regionales han trabajado en los últimos años sobre la necesidad de formalizar al transporte público con unidades de mayor escala y no con vehículos particulares que, además de generar congestión y de representar un mayor riesgo, representan actualmente un problema de salud pública.
"El premier ha dicho que va a observar la medida y seguramente se va a evaluar escalar si el Congreso no rectifica, porque se ha pedido que pase a comisión de Transporte para que sea evaluado, sin embargo, ayer se aprobó. Creemos que es un error, creemos que va en contra de la salud de las personas en este momento donde lo primero que tenemos que poner por delante es frenar el coronavirus", señaló.
Jara también recordó que en varias ciudades a nivel nacional se está planteando desde los últimos años la importancia de un Sistema Integrado de Transporte que permita trasladar a las personas en vehículos de mayores dimensiones (buses de no menos de 9 metros), mas no en un auto que represente un mayor riesgo e informalidad.
"Nuestras ciudades han estado pensadas para que las personas se desplacen en autos particulares o colectivos, por eso vemos niveles de contaminación. Esto (ley aprobada en el Congreso) limita los esfuerzos de municipalidades como Trujillo y Arequipa para implementar el Sistema Integrado de Transportes", lamentó.
Finalmente, Jara consideró que necesario que estos temas técnicos sean abordados por el Poder Ejecutivo. Además, recordó que, de insistirse con esta medida, el Gobierno tendría que otorgar un subsidio a estos vehículos particulares con la finalidad de garantizar la oferta de este servicio, actualmente informal.
"Es un hecho que se va a tener que intervenir para dar subsidios o apoyos que permitan garantizar la oferta de transporte público, generamos encima un vehículo particular que pueda estar brindando el servicio y esta vez ahora con el blindaje de la ley", sentenció.
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