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Dina Boluarte indicó ayer que los relojes Rolex eran un préstamo de Wilfredo Oscorima, y pidió "pasar la página". RPP conversó con dos abogados penalistas respecto al destino de las investigaciones fiscales después del pronunciamiento de la mandataria
Judiciales
Luis Lamas Puccio indicó que "prestar o regalar tiene connotaciones penales respecto al delito de cohecho"
El último viernes, la presidenta de la república, Dina Boluarte, se dirigió al país tras haber declarado por más de cinco horas ante la Fiscalía por su presunto uso de relojes de alta gama, marca Rolex, y joyas valorizadas en miles de dólares.
Al respecto, la mandataria dijo que los relojes fueron un "préstamo" del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y consideró como un error el haberlos aceptado.
"Debo reconocer que fue una equivocación haberlos aceptado en calidad de préstamo. El ánimo de querer representar bien a mi país me llevó a aceptarlos, pero ya los he devuelto. Como no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos”, indicó.
Asimismo, la jefa de Estado calificó de "mentiras" las revelaciones periodísticas que daban cuenta del uso de joyas de alto valor monetario en sus presentaciones públicas, y mostró ante cámaras esos artículos que, según dijo, utiliza y son de su propiedad.
"Respecto a las joyas (…), todo lo que han dicho es falso. Dijeron (que) la presidenta usa una pulsera Cartier de 45 mil dólares. Esta es la pulsera de bisutería fina y es mi pulsera y la uso en forma pública y transparente", dijo exhibiendo el artículo a la prensa.
Al final de su alocución, la presidenta pidió "pasar la página" para que el país se enfoque "en lo que realmente importa". No obstante, desde diversos sectores políticos se cuestiona si basta con el mensaje de la mandataria para explicar todo lo relativo al tema; mas aún cuando las indagaciones preliminares de la Fiscalía continúan desarrollándose.
Sobre el tema, RPP conversó con los abogados penalistas Luis Lamas Puccio y Mario Amoretti respecto a las implicancias legales que podrían tener las declaraciones de la mandataria, y si, desde ese ámbito, son suficientes como para desestimar las investigaciones fiscales.
"Prestar o regalar tiene connotaciones penales respecto al delito de cohecho"
El abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró que, "de ninguna manera", la explicación de la mandataria ante la opinión pública significa poner fin a la acción de la Fiscalía.
"De ninguna manera, el hecho de que una persona indagada, en condición de testigo o de indagado, haya dado una declaración pone fin, al menos que la declaración sea tan contundente y muy bien fundamentada como para que la Fiscalía tome la decisión de, más adelante, una vez que ha actuado todas las diligencias, archive y no continue la investigación", señaló.
"Lo que ha dicho la señora Boluarte es un breve resumen mediático, en una conferencia de prensa, y ello de ninguna manera implica que los hechos se hayan esclarecido, es una formalidad que se está cumpliendo, una necesidad imperiosa porque se requiere de la declaración de la persona indagada. Pero de ahí, por el solo hecho de haber dado la declaración, como dice la señora Boluarte, de que quedó claro el asunto y hay que voltear la página, eso procesal, jurídica y legalmente no es cierto", agregó.
Asimismo, Lamas Puccio consideró que "continúan las contradicciones" en las declaraciones de la mandataria, ya que no coinciden con "otra información periférica que proviene de terceras personas". En ese sentido, cuestionó que los relojes de Wilfredo Oscorima hayan sido realmente un préstamo para la mandataria, y señaló que, de ser el caso, también habría implicancias penales.
"Partimos desde la premisa de que prestar o regalar tiene connotaciones penales respecto al delito de cohecho. Es decir, una dádiva, un presente, un regalo o un estipendio con la finalidad de que un funcionario haga o deje de hacer algo, así está establecido en el Código Penal. Lo que sucede es que nadie en su sano juicio aceptaría, en condición de préstamo, un reloj tan valioso para mostrarlo ante la opinión pública, y con la coincidencia de que cuando se hizo el allanamiento (…) se encontró la tarjeta de garantía. ¿Tú vas a prestarle a una persona un reloj y la carta de garantía por un año?", sostuvo.
"Y así como ese ejemplo, pueden surgir otros hechos que ponen en evidencia que lo que se ha intentado hacer es establecer una coordinación. Pero como hay hechos que son parte de la investigación, que no son fáciles de borrar ni de cambiar, han entrado en una serie de contradicciones, y eso está poniendo sobre el tapete que lo que se dice no coincide con lo que realmente sucedió", prosiguió.
En esa línea, el jurista señaló que, si bien cada quien es libre de disponer de su patrimonio según considere, en el caso de funcionarios públicos los intercambios de objetos de valor pueden implicar un hecho delictivo.
"Cada uno está en libertad de hacer lo que le convenga con su patrimonio, pero hay una primera gran diferencia: una cosa es un particular y otra es un funcionario público. En segundo lugar, el tema no está en la libre disponibilidad de lo que quieras hacer con tu patrimonio, acá estamos hablando de una relación funcional entre dos funcionarios (…) Esa es una relación eminentemente funcional, porque esos funcionarios, en el desempeño de sus labores, tienen que tomar decisiones respecto a hacer o no hacer determinado tipo de acciones", aseveró.
"Un regalo es una forma encubierta de corrupción, porque no estás regalando simplemente un mero objeto que una persona puede lucir (…), sino estás hablando de objetos con un valor económico significativo. Cuando haces un regalo a un funcionario en esas condiciones, evidentemente, no lo haces solo de buena fe (…), cuando estás regalando o prestando un bien precioso eso tiene un valor económico significativo, y en las relaciones entre funcionarios, el funcionario está totalmente prohibido e impedido de recibir regalos", afirmó.
Finalmente, Lamas Puccio consideró que la Fiscalía continuará con las indagaciones y que, eventualmente, podría llegar a iniciar una investigación preparatoria.
"Estamos en una etapa de indagaciones, estamos recopilando la mayor cantidad de información posible, ya están declarando otras personas. A partir de ahí, la Fiscalía tiene que tomar una decisión dependiendo del plazo que se haya establecido para esta primera etapa preliminar (…) para pasar a una segunda etapa que es la investigación propiamente dicha. Una vez acabada la indagación, la Fiscalía tiene dos opciones: o archiva o formaliza la investigación preparatoria, (con lo que) ya la cosa adquiere mayores connotaciones jurídicas o legales, porque, en un primer momento, ya se han visualizado o calificado los delitos, de acuerdo al Código Penal, sobre el cual se va a realizar esta segunda etapa de investigación preparatoria", refirió.
"En la investigación preparatoria, pueden solicitarse medidas de coerción. Ya no estamos hablando de allanamiento, sino de una prisión preventiva, embargos, y otras cosas de esa naturaleza. En el caso de la presidenta, ella está amparada por lo que dice la Constitución", puntualizó.
Lamas Puccio consideró que la presidente había entrado en contradicciones en su pronunciamiento sobre el tema de los relojesFuente: Presidencia Perú
"Pretende justificar que los Rolex no eran de su propiedad"
Por su parte, el exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, consideró que la investigación en la Fiscalía podría ampliarse por tráfico de influencias, negociación incompatible o corrupción.
“Ella está siendo investigada por enriquecimiento ilícito (y) podría ampliarse la investigación por tráfico de influencias, negociación incompatible o corrupción, pero aquí ella pretende justificar que los Rolex no eran de su propiedad, que no los compró como lo había manifestado en un comienzo", indicó.
En ese sentido, Amoretti consideró que la presidenta debe "desvirtuar" el presunto desbalance patrimonial motivo de las pesquisas del Ministerio Público, ya que ella es la encargada "de reunir las pruebas".
"Lo que ella debe desvirtuar es el desbalance patrimonial que son más de 400 mil soles. La adquisición de la camioneta. El delito de enriquecimiento ilícito es el único en el Código Penal en el que la carga de la prueba le corresponde al investigado, no al fiscal", aseveró.
"Aquí el fiscal abre la investigación en base al desbalance patrimonial, de acuerdo al informe de la UIF y la Contraloría hay este desbalance patrimonial. Ella tiene que desvirtuar, demostrar que esos 400 mil soles y la compra de la camioneta ha sido con dinero lícito", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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