El expresidente Alejandro Toledo se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario en EE.UU. | Fuente: AFP

El Poder Judicial confirmó este viernes la incorporación de las exsocias peruanas de Odebrecht al proceso seguido contra el expresidente Alejandro Toledo por presuntamente haber recibido coimas de la constructora brasileña.

Esta decisión judicial habilita al Ministerio Público para pedir sanciones contra las empresas constructoras como la prohibición de contratar con el Estado.

Así, la Sala de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado ratificó la incorporación en este proceso a Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet como sujetos pasivos de investigación, pero también ordena a la Fiscalía darles un tiempo razonable a los abogados de las empresas para que puedan ejercer su derecho a la defensa.

Esta última parte de la resolución ha provocado una controversia entre el Ministerio Público y los abogados de las empresas, que se pudo conocer hoy en una audiencia pública.

Posiciones encontradas

Por un lado, las defensas de ICCGSA y JJ Camet consideran que esto significa que el Poder Judicial ha ordenado reabrir la investigación a Alejandro Toledo para que ellos puedan hacer su defensa.

En tanto, la Fiscalía considera que la disposición de la Sala de Apelaciones de darle un tiempo a las defensas no se puede ejecutar porque esta investigación ya se cerró y ya se ha presentado una acusación contra el ex jefe de Estado y otros, por lo que han presentado un pedido de aclaración a la Sala.

Dentro de este mismo proceso, hoy el juez Richard Concepcion Carhuancho reprogramó para el 11 de mayo la audiencia para evaluar un pedido de salida del país precisamente contra exdirectivos de estas exsocias peruanas de Odebrecht que también son acusados por este caso.