Árbitros bajo comparecencia con restricciones [COLUMNA]

La semana en curso habrá estado marcada por una sucesión de decisiones jurisdiccionales. Después del Habeas Corpus concedido por el Tribunal Constitucional a Keiko Fujimori y la detención del ex-primer ministro César Villanueva, ayer se revocó la prisión preventiva de la mayoría de los árbitros acusados de obrar ilegalmente en beneficio de la empresa Odebrecht. Ocho de ellos dejarán la prisión en cuanto paguen una caución de 100,000 soles. Desde entonces, continuarán siendo investigados bajo el régimen de comparecencia con restricciones. Entre los ocho beneficiados por la resolución de la Sala Penal de Apelaciones figuran árbitros que no se entregaron a la Justicia y permanecieron en calidad de no habidos desde el pasado 4 de noviembre. Se ha mantenido la prisión preventiva para cinco de los árbitros.

El interés del Estado, de las empresas, de los abogados y sobre todo de los ciudadanos es que el juicio se lleve a cabo rápido y en las mejores condiciones para restablecer la confianza en un sistema introducido al Perú durante los años noventa y que hoy se ve marcado por la sombra de la duda. No solo se trata de las revelaciones del propio Jorge Barata, sino también de las confesiones de colaboradores eficaces que conocen el funcionamiento del sistema arbitral desde dentro. Esperemos que al término del proceso sepamos si es razonable que un sistema ideado para evitar la lentitud del Poder judicial en contenciosos entre privados, se haya aplicado sistemáticamente en litigios con el Estado, que ha venido perdiendo en la mayoría de los casos.

Supervisores y Telefónica

Otra decisión que concierne a los ciudadanos es la tomada por el Organismo Supervisor de inversiones privadas en Telefonía (OSIPTEL). Puesto que en el Perú hay más celulares que personas, todos estamos expuestos al robo de nuestros teléfonos y a los fraudes que se pueden cometer a través de ellos. Por eso es una buena noticia que el supervisor haya establecido que es ilegal vender “chips” en las calles, como si fueran un producto de consumo simple. Los cuatro operadores presentes en nuestro mercado disponen ahora de diez días para someterse a la decisión: Movistar, Claro, Entel y Bitel. La medida se anuncia por azar el mismo día en que se hace saber que la empresa Telefónica ha pagado una deuda tributaria de 218 millones de soles, por reclamos que remontan a 1999 y al uso de un satélite, ubicado fuera del espacio peruano. Telefónica considera que el fallo no toma en cuenta las circunstancias técnicas de la inversión, ni el significado de ampliar la cobertura en zonas que gracias a tecnologías nuevas se han incorporado a la conectividad celular.

Sería de desear que otro supervisor actúe con severidad para reducir los índices de mortalidad y siniestralidad en calles y carreteras: la SUTRAN. El accidente de autobús que costó ayer la vida a 7 personas en la ruta entre Puno y Cusco es una confirmación de una constante dantesca: conductores que no respetan los límites de velocidad, empresas que no controlan el trabajo de los conductores, autobuses que actúan con informalidad.

La CADE

El día de ayer se inauguró en Paracas la versión 57 de la más importante reunión anual de empresarios, CADE. La presidenta del Instituto de Administración de Empresas, Elena Conterno reconoció con humildad que “la ética, la transparencia y el interés de los ciudadanos” no han inspirado siempre las decisiones tomadas por algunos empresarios. Su toma de posición hizo sin duda eco a las revelaciones sobre donaciones no bancarizadas hechas a campañas políticas. Podemos esperar que los tres días de CADE contribuyan no solo a profundizar la conciencia de la responsabilidad de todos, sino también a buscar mecanismos efectivos que restablezcan la confianza.

Las cosas como son