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por Roberto Silva
·Luego de más de ocho años, entra en su etapa final el caso 'La Centralita', presunta organización criminal que operó desde el gobierno regional de Áncash y que estuvo involucrada en actos de corrupción y asesinatos.
El Poder Judicial inició la etapa de alegatos finales del caso 'La centralita', proceso que involucra al expresidente regional de Áncash César Álvarez Aguilar como presunto cabecilla de una organización criminal que se enquistó en el gobierno regional, con la finalidad de lucrar con recursos públicos por medio de la adjudicación de obras y que estuvo involucrado en asesinatos.
Los delitos que se investigan en este caso son asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, peculado, colusión, violencia y resistencia a la autoridad, así como encubrimiento real.
La Fiscalía sostiene que "La centralita" era un inmueble ubicado en la urbanización La Caleta de Chimbote, en donde se efectuaban reuniones entre los miembros de la organización que tenía aparatos de prensa, social, legal, político y de fuerza de choque contra sus opositores.
Según la tesis fiscal, en el local se acordaba y se realizaban pagos a periodistas y autoridades políticas, policiales y judiciales. Además, se planificaron crímenes de opositores a la administración de Álvarez, como el del exconsejero Ezequiel Nolasco Campos.
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El exconsejero, quien había denunciado la existencia de una mafia en Áncash, sufrió el 20 de julio del 2010 un primer atentado en el que falleció su hijo Roberto Torres Blas. Cuatro años después, Ezequiel Nolasco fue asesinado a balazos en una bodega de Huacho. Su hija Fiorella vinculó el crimen a la corrupción.
"No voy a decir nombres, pero muchos de ustedes saben que esa gente que está aquí, esa gente corrupta que está acá, le ha querido siempre hacer daño a mi papá. Han habido amenazas, no sólo para él, con nosotras, con sus hijas. Ya consiguieron lo que quisieron, pero no se va a quedar así", dijo Fiorella Nolasco tras el asesinato de su padre.
El entonces gobernador regional de Áncash, César Álvarez sostuvo continuamente que las acusaciones en su contra no tenían sustento.
"Que investigue a todos, empezando por mí, que investiguen a todos, señores. ¡Basta ya de estas calumnias, infamias! ¡Y todo por un tema de rivalidad política!", aseveró.
En el 2014, el Congreso conformó una comisión investigadora que presidió el entonces legislador Mesías Guevara. El grupo estimó que la red de corrupción en Áncash se apropió de unos 329 millones de soles.
"En la región Áncash se situó una red de impunidad y una red de corrupción que habían hecho una alianza para favorecerse de los fondos públicos. Asimismo, la red de impunidad hoy en el Perú se ha visto descubierto al descubrirse que han habido jueces y fiscales que actuaron con absoluta irresponsabilidad", dijo Mesías Guevara.
En mayo de 2014, el Poder Judicial dispuso la detención de César Álvarez a pedido de la Fiscalía. El exgobernador cumple desde enero de 2021 una condena de 35 años como autor intelectual del asesinato de Ezequiel Nolasco. Previamente, en 2019, fue sentenciado a ocho años y tres meses de prisión por los sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicar a esa compañía la construcción de una carretera.
El caso La Centralita tiene la condición de emblemático, debido a la cantidad de procesados (alrededor de 50) y los cargos que estos tuvieron. Además de Álvarez, la investigación alcanza a policías, exfuncionarios regionales, congresistas, empresarios y periodistas de Áncash. Algunos de los acusados son Milagros Asián Barahona, esposa del exgobernador regional, los excongresistas Heriberto Benitez y Victor Crisólogo, así como el empresario Martín Belaunde Lossio, exasesor del presidente Ollanta Humala.
Recientemente, el Ministerio Público retiró la acusación contra 9 investigados y el delito de peculado contra una investigada. La decisión incluye a comunicadores, un exconsejero, un expolicía y extrabajadores regionales.
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Roberto Silva Periodista
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