El caso involucra a un total de 50 acusados entre los que se encuentran César Álvarez y su esposa Milagros Asián Barahona así como los excongresistas Heriberto Benitez y Victor Crisólogo, Martín Belaunde Lossio, José Cavassa, ex autoridades de Ancash, entre otros
Luego de más de cinco años de investigaciones, el Poder Judicial formalizó su decisión de iniciar el 22 de marzo del 2021 el juicio oral contra el expresidente regional de Ancash, César Álvarez, junto a un grupo de personas y empresas por el caso conocido como “La centralita”.
El Juzgado Penal Colegiado Nacional dispuso que la instalación de este juicio oral se lleve a cabo desde las nueve de la mañana en la sede del Poder Judicial “Carlos Zavala” ubicada en el al costado del Palacio Nacional de Justicia, en el Cercado de Lima.
La programación de este juicio oral se dió luego que esta instancia judicial declaró saneada la acusación que presento El fiscal supraprovincial para casos de corrupción, Elmer chirre en este caso.
Mediante una resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias, la instancia judicial determinó que las partes y sus abogados concurran a la sala de audiencia física que se habilitará para este juicio oral sin perjuicio de que más adelante se puedan realizar audiencias virtuales de acuerdo a las disposiciones de salud pública que se emitan a raíz de la pandemia del covid 19.
El caso involucra a un total de 50 acusados entre los que se encuentran César Álvarez y su esposa Milagros Asián Barahona así como los excongresistas Heriberto Benitez y Victor Crisólogo, Martín Belaunde Lossio, José Cavassa, ex autoridades de Ancash, entre otros.
También están comprendidas cuatro personas jurídicas o empresas entre las que se encuentra la constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A., Sucursal Perú.
En este juicio oral participarán más de 151 testigos, la mayoría presentados por el Ministerio Público así como los peritos de las partes que intervienen en el caso.
Según la hipótesis de la fiscalía, La Centralita era un inmueble ubicado en Chimbote donde se reunían los miembros de la organización criminal que encabezaría Cesar Álvarez y que tenía varias aristas como aparatos de prensa, social, legal, político y de fuerza de choque contra opositores.
La finalidad era favorecerse con los recursos públicos de la región Ancash entre los años 2007 y 2014, tiempo en el que Cesar Álvarez se desempeñó como presidente regional.
El fiscal supraprovincial para casos de corrupción, Elmer Chirre, solicito 30 años de prisión para Cesar Álvarez, asi como penas de entre 22 y 30 años de cárcel para los demás implicados.
En este caso se atribuyen delitos tales como asociación ilícita para delinquir, colusión , lavado de activos , peculado, encubrimiento real y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.
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