"Condena para menores desde los 16 años es populista e incoherente", afirman abogadas penalistas

El último miércoles, el ministro de Justicia, Félix Chero, anunció que su sector presentará un proyecto de ley al Congreso que pretende que menores desde los 16 años tengan responsabilidad penal y, por ende, puedan ser sancionados con prisión efectiva. Ante ello, juristas y diversas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en contra.

Las abogadas penalistas Marisol Pérez Tello y Romy Chang, en diálogo con RPP Noticias, coincidieron en que la medida del Ejecutivo es un "despropósito" ya que no resuelve el problema de inseguridad ciudadana y, además, transgrede tratados internacionales a los que el Perú está suscrito.

"Es populismo puro y duro"

La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, consideró que la medida anunciada por el Ejecutivo apela al populismo y no a resolver el problema de inseguridad nacional.

"Estamos ante un caso típico de populismo penal que aprovecha la demanda de justicia de la ciudadanía por la inseguridad, y por esta impunidad que es en realidad la verdadera enfermedad (…), éste saber que no te va a pasar nada (que) destruye el estado de derecho", señaló.

En ese sentido, Pérez consideró que la ciudadanía se mostrará a favor de la medida "por el miedo" ante la inseguridad, pero que no se está pensando en las repercusiones que tendría para el país.

"No sólo no es la respuesta, (...) además es incumplir con tratados internacionales, con recomendaciones que nacen de la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente (...) Nadie entiende que no es lo mismo un privado de libertad mayor de 18 años (...) y un menor de edad que está en proceso formativo a quien están usando los adultos", sostuvo.

Además, Pérez señaló que "es muy peligroso" ya que significaría que el Estado renuncia a la protección del niño y del adolecente porque "es incapaz de garantizarla".

"Hoy nadie cuestiona que los menores infractores a la ley penal necesitan una protección adicional del Estado porque son víctimas, no son victimarios. Son víctimas de sus padres, son víctimas de su hogar y, por supuesto, tienen que tener una medida correctiva, porque hay que reeducarlos. La falla del sistema penal, y el de los menores infractores en particular, indica que no es perfecto, no garantiza la reinserción (…) los que estamos fallando somos nosotros", afirmó.

Asimismo, precisó que desde el Minjus hubo oposición a la norma, pero que es el actual Premier, Aníbal Torres, quien, según ella, habría insistido con esa iniciativa.

"Esta es una propuesta de Aníbal Torres que cuando se llevó al Minjus inicialmente, todas las comisiones dijeron que es anti técnica, no tiene destino (...) El viceministro Gilmar Andía renunció, entre otras razones que dejó por escrito, por este proyecto que no ha nacido ahora, sino que lo tiene en la cabeza el presidente del Consejo de Ministros (…) que claramente no sabe nada de derecho penal ni de derechos humanos", sostuvo.

"Mayores responsabilidades deberían implicar mayores derechos"

Por su parte, la abogada penalista Romy Chang consideró que la propuesta anunciada por el ministro de Justicia "no es viable" por muchas razones. Entre ellas, porque implica que, "por lógica" se deba dar mayores derechos a los menores desde los 16 años a la par con las responsabilidades.

"Si el ministro de Justicia busca darles mayores responsabilidades a los menores de 16, por lógica, también tendría que darles mayores derechos porque yo no puedo exigirle a una persona que asuma todas las responsabilidades, pero no darles los derechos", señaló.

En esa línea, consideró que estos derechos serían equivalentes a los que tendría un mayor de edad.

"Por ejemplo, implicaría que también tendría que reducirse la edad para poder votar y también tendrían derecho a elegir a sus representantes. Y así una serie de consecuencias como por ejemplo tener derecho a poder hacer compras sin ningún tipo de inconveniente, como si fueran adultos. O sea, tendría que cambiarse la mayoría de edad para todos los aspectos", explicó.

Además, señaló que es un "despropósito", desde el punto de vista jurídico, ya que un menor de edad no estaría en condiciones de tomar decisiones con el grado de razonamiento de un adulto.

"Los menores de edad, justamente por su condición de tener menos de 18 años, de acuerdo a todo lo que dice la normativa y los estudios a nivel nacional e internacional, no están en capacidad de poder medir realmente las consecuencias de los actos que realizan. Se dan cuenta de que lo que hacen está mal, pero su nivel de razonamiento, su nivel de madurez, no es igual al de una persona de 30 años o incluso a un adulto de 25", precisó.