El pedido es contra el cantante Richard Cisneros; la exsecretaria general de la Presidencia de la República, Mirian Morales; el exasesor presidencial en Prensa y Comunicaciones, Óscar Vásquez, y la exfuncionaria del Ministerio de Cultura , Liliana Chaname.
La fiscal anticorrupción, Janny Sánchez, solicitó nueve meses de prisión preventiva contra cuatro implicados en el caso de los contratos suscritos por Richard Cisneros, más conocido como 'Richard Swing' en el Ministerio de Cultura.
Se trata del propio Richard Cisneros Carballido; la exsecretaria general de la Presidencia de la República, Mirian Morales Córdova; el exasesor presidencial en Prensa y Comunicaciones, Óscar Vásquez Zegarra, y la exfuncionaria del Ministerio de Cultura, Liliana Chaname Castillo.
Como fundamento para solicitar esta medida, la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción como declaraciones testimoniales de testigos protegidos y aspirantes a colaboradores eficaces así como informes periciales, informes de transcripción, entre otros.
La fiscal anticorrupción Janny Sánchez formalizó una investigación preparatoria contra estas cuatro personas por los presuntos delitos de colusión agravada y alternativamente por negociación incompatible, obstrucción a la justicia y ocultamiento real en perjuicio del Estado.
La magistrada pidió, además, comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para la exasistenta del despacho Presidencial, Karem Roca Luque, y el exfuncionario del Ministerio de Cultura, Mauricio Manuel Salas Torreblanca.
También, solicitó comparecencia con restricciones contra los exfuncionarios del Ministerio de Cultura, Lincoln Martin Matos Parodi, Diana Tamashiro Oshiro, Patricia Aída Davila Tasaico y Aurea Elisa Quiñonez Li.
La formalización de esta investigación preparatoria dispone que el caso sea declarado complejo y se desarrolle dentro de un plazo de ocho meses debido a la cantidad de imputados y las numerosas diligencias que faltan por realizar.
El pedido fiscal fue remitido al despacho de la jueza Sonia Bazalar Manrique quien deberá convocar a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de los investigados y sus abogados afín de emitir una decisión final al respecto.
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