Bancada de Fuerza Popular | Fuente: Congreso

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La buena noticia de la licencia del proyecto minero Tía María, el nombramiento de dos nuevos ministros y el progreso en los proyectos de reforma de nuestro sistema político se ven opacados por el comunicado de Fuerza Popular, que puede profundizar las hostilidades abiertas desde las elecciones del 2016. El partido fujimorista se dirige a la opinión pública y a la comunidad internacional para denunciar la supuesta injerencia del gobierno en el proceso de Keiko Fujimori.

El vocero Carlos Tubino sostiene que “la gota que hizo derramar el vaso” fue la suspensión de la audiencia de la Corte que debía ver el recurso de casación interpuesto por la defensa. El comunicado atribuye la responsabilidad del “abuso sin nombre” a IDL Reporteros, a “fiscales politizados y totalitarios”, operadores políticos y a “un sector de la prensa que opina a favor del gobierno”. El comunicado reafirma el rechazo al acuerdo de colaboración firmado por la Fiscalía y la empresa Odebrecht, según Fuerza Popular, lesivo para los intereses del Perú.

Tubino retomó la expresión “mano negra” para referirse a la difusión de un audio que llevó a la inhibición de un juez supremo y la consecuente suspensión de la audiencia de casación. El director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, contestó haciendo una pregunta simple: “¿Algo de lo que hemos publicado no es verdad?”.

Independientemente de las circunstancias y el momento en que fue difundido, el audio fue aparentemente grabado por fiscales que investigaban un grave caso de criminalidad organizada en el Callao, que incluía narcotráfico y sicariato. Ese es el  origen legal del caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Es perfectamente comprensible la indignación de Keiko Fujimori y sus allegados, pues al término de ocho meses de prisión preventiva esperaba que se resuelva un recurso presentado ante la Justicia.

Es sin duda chocante que una audiencia judicial que debía abordar la eventual libertad de una procesada, aborte a última hora. Pero sería peor vivir en una sociedad en la que no se puedan difundir documentos con indudable interés público. En ese modelo de sociedad nunca se hubiera podido procesar a Richard Nixon, ni usar las grabaciones que precipitaron su caída en 1974. Y sabemos bien que “una garganta profunda” hizo llegar esas grabaciones al principal diario de la capital de Estados Unidos.

 

Fuerza Popular ha anunciado que presentará el caso de Keiko Fujimori ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea y otras instancias internacionales. No cabe duda de que nuestro sistema judicial tiene graves disfuncionamientos y está penetrado por magistrados prevaricadores.

Precisamente está realidad evidencia la necesidad y la urgencia de una verdadera Reforma Judicial. El día de ayer la Corte Superior de Lima Norte condenó al agresor de Arlette Contreras, cuya violencia hemos visto todos en videos grabados por el hotel ayacuchano en que se alojaba. Pero la Corte rechazó el cargo de tentativa de violación sexual y redujo la pena solicitada por la Fiscalía. Arlette Contreras ha declarado que el fallo de la Corte representa para ella una nueva victimización.

En el contexto de un país que requiere a gritos instituciones creíbles, vale la pena destacar el discurso de investidura del nuevo rector de la Universidad Católica, Carlos Garatea Grau. Garatea reconoció sin ambages que la Universidad había “fallado” en su política de cobros indebidos y se comprometió a garantizar una nueva era de transparencia y diálogo.

Reafirmando la identidad católica de la PUC, Garatea sostuvo:  “Debemos reivindicar una educación universitaria inconforme y reflexiva, que agite la curiosidad y nos incite a descubrir quiénes somos y qué buscamos en una sociedad que necesita quererse más a sí misma”.

Por su parte, el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo reiteró las críticas del Papa Francisco a un mundo que discrimina entre personas útiles y personas “descartables”. Monseñor Castillo anunció un acuerdo extrajudicial que resuelve los contenciosos patrimoniales entre el arzobispado y la Universidad Católica.

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