Caso Fuerza 2011: Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva para siete de 11 investigados

A mediados de octubre, el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez solicitó prisión preventiva para Keiko Fujimori y otras 10 personas, en el marco de la investigación por el presunto lavado de dinero proveniente de la empresa Odebrecht para la campaña electoral de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 36 meses de prisión preventiva para Fujimori Higuchi, el pasado 31 de octubre. Ella cumple su medida restrictiva en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos, a donde también llegó su asesora, Ana Herz de Vega, luego de que se le dictara la misma medida por igual plazo.

La Fiscalía acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal conformada al interior del partido político, cuyo objetivo fue lavar 1,200,000 dólares procedentes de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la llamada "caja 2", que entregaba los sobornos a políticos en diferentes países de América Latina a cambio del favorecimiento en la concesión de obras.

Las prisiones preventivas

El 10 de noviembre, el abogado Vicente Silva Checa se convirtió en el segundo en recibir prisión preventiva, también por 36 meses. Él es acusado por el Ministerio Público de integrar la cúpula de la presunta organización criminal, actuar como asesor en la sombra de Keiko Fujimori y manipular a testigos para que mientan ante la justicia.

Seis días después, le llegó el turno a los asesores de Fujimori Higuchi, Pier Figari y Ana Herz de Vega. Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva para ambos. El primero está recluido en el penal Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Para el fiscal Domingo Pérez, Figari y Herz son personas de confianza de Keiko Fujimori, con quien integran la llamada cúpula. Según refirió, ambos asesores eran las "personas visibles" que se encargaban de que se ejecuten las decisiones dentro de la organización.

El mismo día por la noche, Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva hasta el 15 de noviembre de 2021 para Luis Mejía Lecca, extesorero de Fuerza Popular.

Giancarlo Bertini, una de las personas que según la Fiscalía figura como aportante falso y que recibía dinero y pedía a otros que lo depositaran en las cuentas de Fuerza 2011, también tiene una orden de prisión preventiva. Sin embargo, la noche del viernes el juez Concepción confirmó que se fugó del país el 21 de octubre.

El último en recibir esta medida fue Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza Popular, para quien se dipuso su captura nacional e internacional. Junto a Augusto Bedoya son acusados de haber recibido cada unos 5,000,000 dólares de Odebrecht.

Sobre Yoshiyama, quien se encuentra en Estados Unidos, Concepción aseguró que está demostrado un grave peligro de fuga y la obstaculización de la justicia. Su abogado, Humberto Abanto, había dicho que después del 20 de noviembre su cliente volvería a Perú tras una cirugía ocular; sin embargo, luego dijo que tiene pendiente una consulta médica el 4 de diciembre.

Otras medidas

Según la tesis de la Fiscalía, Bertini habría hecho esas gestiones a pedido de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, quien hace dos semanas confesó que simuló aportes para la postulación de Keiko Fujimori en el 2011. En su declaración, delató a su tío y dijo que este le entregó cerca de 800,000 dólares para la campaña.

El Poder Judicial ordenó para Yoshiyama Sasaki comparecencia restringida e impedimento de salida del país por 36 meses tras la información que proporcionó a la Fiscalía. Además, le impuso el pago de una caución de 500,000 dólares.

También en el caso de Augusto Bedoya, dirigente del partido, y Carmela Paucará, señalada como secretaria personal de Keiko Fujimori, la resolución ha sido comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses. El primero deberá pagar una caución de 200,000 soles, mientras la segunda tendrá que pagar 15,000 soles.

Finalmente, para la extesorera de Fuerza Popular, Adriana Tarazona, el magistrado dictó 36 meses de arresto domiciliario. Asimismo, se le impuso el impedimento de salida del país por el mismo tiempo y el pago de una caución de 20,000 soles.