En un eventual juicio, los investigados afrontarían posibles penas de entre 25 y 40 años de cárcel efectiva. | Fuente: Andina / Andina / Congreso de la República

Este lunes, el Poder Judicial atenderá en audiencia el requerimiento de prisión preventiva de 36 meses contra Luis Castañeda Lossio, José Luna Gálvez y Giselle Zegarra Flores por el caso Lava Jato. Por decisión de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la cita fue reprogramada para este 10 de febrero, luego de que el pasado jueves los representantes legales de los investigados pidieran mayor tiempo para revisar documentación.

El ex alcalde de Lima, el ex secretario general de Solidaridad Nacional y la ex asesora municipal son imputados por la fiscal del Equipo Especial, Milagros Salazar Paiva, de presuntamente convenir entre sí para recibir y ocultar el origen de montos de dinero provenientes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS

Estas sumas, que superarían los 480 mil dólares, se habrían dividido en varias partes para simular aportes de campaña, honorarios a través de la universidad Telesup para Castañeda y la compra de una camioneta. Todo ello, en el marco electoral de 2014.

Castañeda, presunto favorecido principal

Según el expediente N° 00023-2019, al que RPP Noticias tuvo acceso, Castañeda es imputado por los presuntos delitos de colusión agravada, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Aplicando la regla de concurso real de delitos, y de ser sentenciado tras un eventual juicio, a Castañeda le correspondería una pena total de 41 años y cuatro meses de cárcel.

El ex burgomaestre de Lima, cuya última gestión se produjo entre 2015 y 2018, habría sido contactado con ayuda de Giselle Zegarra por José Adelmario 'Léo' Pinheiro Filho, quien en 2014 -durante la campaña municipal en Perú- era presidente de la constructora brasileña OAS.

Pinheiro habría tenido interés en establecer relación con el entonces candidato de Solidaridad Nacional porque figuraba como primero en las encuestas y porque se había opuesto públicamente a la gestión de su antecesora Susana Villarán en proyectos como la Línea Amarilla.

La fiscalía señala que Castañeda habría cometido los delitos de colusión agravada, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. | Fuente: Andina

De acuerdo con la tesis fiscal, Castañeda Lossio se habría reunido dos veces con Léo Pinheiro antes de los comicios que se produjeron el 5 de octubre. Luego del proceso electoral, habrían tenido una reunión más. Una vez liderando el municipio, el trato entre Castañeda y Pinheiro se habría conservado por intermedio de Giselle Zegarra. La asesora habría intercedido en favor de OAS para que la municipalidad no suscriba el Proyecto Río Verde (encaminado por la terminada gestión de Villarán), cuyo contrato le perjudicaba.

Como consta en los hechos de 2015, esta cancelación del Proyecto Río Verde se produjo para dar paso a la construcción del Bypass de 28 de julio, una obra que Castañeda había prometido en campaña.

Castañeda también habría sido contactado por Odebrecht para la entrega indirecta de aportes de campaña. De acuerdo con declaraciones de Luis José Nava Guibert, testigo en las indagaciones, a inicios de 2011 hubo una reunión en su casa, donde participaron el representante de Odebrecht, Jorge Barata, el expresidente Alan García y Luis Castañeda Lossio. En este encuentro, según consta en el documento fiscal, García le habría sugerido a Barata aportar a la campaña de Castañeda y este último habría estado de acuerdo.

Como lo señala uno de los colaboradores eficaces a la fiscalía, el interés de Odebrecht en asegurar acercamiento con Castañeda habría sido mantener el contrato del proyecto Rutas de Lima. La entrega del dinero (ascendiente a 150 mil dólares) se habría concretado en 2014, teniendo como primer intermediario a Martín Bustamante Castro. Este era allegado a Solidaridad Nacional y había trabajado como secretario nacional de disciplina del partido. Las investigaciones señalan que, a través de él, también se viabilizó el aporte de OAS: 480 mil dólares.

Luna, quien presuntamente 'limpió' el dinero

La fiscal Milagros Salazar postula, como parte de su investigación preparatoria, que José Luna Gálvez habría facilitado el lavado del dinero mediante la recepción del efectivo y la posterior simulación de su origen para  ingresarlo al sistema financiero peruano. 

El dinero lo habría recibido de Martín Bustamante Castro, quien había dado su casa para una de las reuniones con Pinheiro (OAS), Zegarra y Castañeda.

El empresario y ex congresista José Luna Gálvez es fundador del partido Podemos Perú, que con las pasadas elecciones extraordinarias logró ingresar al Congreso 2020-2021 con 11 parlamentarios. | Fuente: Andina

Según estima la Fiscalía, el entonces representante de la sucursal de OAS en Perú, Leonardo Fracassi Costa, fue quien pidió a un allegado suyo que le entregara un primer monto de 220 mil dólares a Bustamante. Este último habría entregado los paquetes “manila cerrados y transportados en un maletín porta laptop” a Luna en una reunión que mantuvieron en una oficina de la universidad Telesup

Las entregas de montos habrían sido coordinadas por Giselle Zegarra, a quien cada involucrado habría llamado para confirmar encuentros y cantidades. En total, Luna sostuvo tres reuniones de recepción de montos (dos veces de 220 mil dólares y una tercera, de 80 mil) en la sede de Telesup.

Además, en agosto de 2014, la también empresa brasileña Odebrecht habría entregado 150 mil dólares a Bustamante Castro, los cuales se habrían entregado progresivamente a Luna en reuniones concertadas en el domicilio de Bustamante. Al menos en la primera de estas reuniones  habría estado presente Castañeda.

La fiscal sostiene que Luna podía presumir que todo ese dinero no bancarizado tenía origen ilícito. 

Para introducir los montos al sistema financiero, Luna habría utilizado a falsos aportantes, que eran personas de su entorno. También en su calidad de secretario general del partido habría modificado documentos ante el Jurado Nacional de Elecciones para que el dinero entregado por diversos candidatos a alcaldías distritales figuren como aportes de campaña. tarea en la que habría participado el ahora investigado ex tesorero Julio Torres Romero. 

Además, habría simulado parte de los montos como pagos de honorarios a Castañeda a través de la universidad Telesup y la compra de una camioneta (AKF 704) de propiedad de Bustamante Castro pero en posesión de Castañeda. 

Luna Gálvez, según concluye la fiscal, habría cometido los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. La sumatoria de penas que la fiscal calcula en aplicación del concurso real de delitos es de 25 años y cuatro meses de cárcel

Zegarra, la supuesta coordinadora y relacionista

Según describe el expediente, Giselle Zegarra Flores (afiliada entre 2004 y 2017 al partido Solidaridad Nacional) habría sido contratada por OAS en setiembre de 2014 para que trabaje como consultora en asociaciones público-privadas. Para ese momento, Léo Pinheiro era directivo de esta empresa. De acuerdo con declaraciones del propio Pinheiro, las reuniones entre la futura gestión Castañeda -incluyendo al candidato- se produjeron en julio, agosto y después de octubre de 2014. 

El último 3 de febrero, la ex funcionaria Giselle Zegarra negó vía RPP Noticias haber sido "el brazo operador" de Castañeda. | Fuente: Congreso de la República

En enero de 2015, menos de tres meses después de que Castañeda ganara la elección, Zegarra renunció formalmente como consultora de OAS y fue contratada como asesora legal y financiera de la Municipalidad de Lima. La contratación habría sido realizada por Jaime Villafuerte Quiroz, quien era gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad y que actualmente también es investigado por la Fiscalía. 

Zegarra Flores es imputada con los delitos de tráfico de influencias, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. Por concurso real, la fiscal sugiere una sumatoria de penas que se calcula en 28 años y ocho meses de cárcel.

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