por Julio Cisneros
·Javier Gallardo y otras personas son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo genérico en agravio del Estado peruano.
El Poder Judicial ordenó que se amplíe por 24 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida al excomandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo, y otros por las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de ascensos de oficiales de dicha institución durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
El juez Leodán Cristóbal Ayala adoptó esta medida al declarar “fundado en parte” el requerimiento que hizo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, el 19 de noviembre de 2025, para que se ordenará una prórroga de esta investigación preparatoria, pero por un plazo de 36 meses a fin de culminar las diligencias que se encuentran pendiente de realizar sobre este caso.
Mediante una resolución emitida el último 13 de febrero, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado dispuso que la prórroga del plazo de esta investigación preparatoria por el plazo de 24 meses se computará desde el 5 de enero del 2026 hasta el 4 de enero del 2028.
El magistrado consideró en su resolución que, un periodo acorde con la armonía del derecho del Estado de perseguir el delito y el derecho de los imputados a un plazo razonable, no puede ser superior a los 24 meses para que todos los actos de investigación pendiente concluyan con satisfacción.
“Este juzgado nacional ha tenido presente el justo equilibrio entre el término indispensable que demanda la investigación de la causa y el estricto respecto al derecho al plazo razonable de las partes, lo que se concreta en la decisión que se expide tomando en cuenta esencialmente la doctrina y la jurisprudencia actual sobre la obligación y la potestad del Estado de perseguir el delito y sancionar a sus autores, más el respeto de los derechos y garantías del justiciable. Siendo así, en este caso, habiendo determinado la justificación de la prórroga y el plazo estrictamente adicional del mismo, corresponde estimar el requerimiento por el término no más allá de veinticuatro (24) meses desde su vencimiento, incluyendo el tiempo transcurrido hasta la fecha”, concluyó Cristóbal Ayala.
Bajo ese criterio, el juez declaró infundada las oposiciones planteadas por la defensa legal de Javier Gallardo y otros seis imputados contra el requerimiento de prórroga que presentó el Ministerio Público respecto a esta investigación preparatoria seguida contra un total de 17 investigados, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y otros, en agravio del Estado peruano.
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