César Nakazaki, abogado del expresidente, dijo que luego de renunciar al cargo solo debe responder al Ministerio Público y no al Congreso.
El expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski pidió a la comisión Lava Jato que deje de investigarlo como parte de las pesquisas que realizan sobre las licitaciones que empresas brasileñas como Odebrecht obtuvieron con coimas.
Su abogado, César Nakazaki, dijo que ya fuera del cargo, Kuczynski no tiene la obligación de responder a la comisión del Congreso presidida por Rosa Bartra. Dijo que su cliente solo responderá al Ministerio Público de ahora en adelante.
“Mientras que PPK fue presidente de la República contribuyó con la investigación porque era su obligación por la función que desempeñaba. Pero al no tener ya la función de presidente de la República y ser un ciudadano común y corriente, la Constitución establece que si es una investigación sobre delitos, la debe realizar la Fiscalía”, dijo Nakazaki en RPP.
El Ministerio Público ya realizó allanamientos en las viviendas de Kuczynski en San Isidro y Cieneguila, donde fiscales se llevaron documentos bancarios y tributarios del exmandatario.
La respuesta de Bartra
Rosa Bartra dijo que el pedido de Kuczynski no es atendible porque carece de legalidad.
“No es atendible ni legal, ni constitucionalmente, ni de acuerdo al reglamento del Congreso. (…) El Congreso es el único que puede sancionar políticamente (…) Finalmente él había manifestado públicamente su interés de colaborar. Resulta difícil entender el porqué decide solamente colaborar con el Ministerio Público y no con otro poder del Estado”, indicó.
Los nexos con Lava Jato
En diciembre de 2017, Rosa Bartra reveló documentos donde se observaron pagos de US$ 782 mil por parte de proyectos de Odebrecht a Westfield Capital, la empresa de PPK. Algunos de estos se realizaron cuando él tuvo cargos altos en el Gobierno de Alejandro Toledo (ministro de Economía y jefe del Gabinete).
También se conoció de otra empresa, First Capital, perteneciente a su socio Gerardo Sepúlveda, que se benefició con transferencias por más de US$ 2 millones realizadas por el Grupo Odebrecht.
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