El juez supremo Edhín Campos Barranzuela señaló en su resolución que la medida se computa desde el 12 de septiembre del 2025 hasta el 11 de julio de 2026.
El Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso diez meses de impedimento de salida del país a la exjefa del Gabinete Betssy Chávez, en el marco del proceso penal que se le sigue por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado. Ello a raíz de su presunta participación en el fallido golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.
La decisión del juez supremo Edhín Campos Barranzuela se realizó luego que se declarara fundado en parte el requerimiento de la fiscal Zoraida Ávalos, quien solicitó dicha medida restrictiva [pero de 12 meses], a fin de asegurar la presencia de la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministerio en el juicio oral que afronta por este caso.
Además, el juez supremo Edhín Campos Barranzuela señaló en su resolución que la medida se computa desde el 12 de septiembre del 2025 hasta el 11 de julio de 2026 y que la misma ha sido notificada a la Superintendencia Nacional de Migraciones, para el registro y conocimiento de la medida.
De acuerdo con la resolución judicial, se indicó que en el proceso a Betssy Chávez, que se encuentra en juicio oral, sí "existe sospecha suficiente" para imponer el impedimento de salida del país.
"Conforme al análisis realizado precedentemente, podemos sostener que, en el presente proceso, que se encuentra en juicio oral, existe sospecha suficiente, y por ende, se alcanza el estándar probatorio requerido para el dictado de la medida de impedimento de salida del país", se lee en la resolución judicial.
#LoÚltimo | Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispone 10 meses de impedimento de salida del país a la expremier Betssy Chávez Chino, acusada por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado.
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 13, 2025
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En el punto vigésimo segundo de la resolución judicial, el juez Campos Barranzuela consideró razonable el plazo de impedimento de salida del país por 10 meses debido que es "un proceso complejo que se encuentra en fase de juicio oral, respecto del cual no se ha brindado mayor información respecto a una fecha probable de culminación"; además, consideró la posibilidad de que el proceso transite por una segunda instancia.
Por ello, aseguró que el impedimento de salida del país "permitirá asegurar la presencia en el país de la acusada Chávez Chino, y su sujeción al juzgamiento, a espera de la conclusión del mismo, máxime la gravedad de la pena que se está solicitando en la acusación fiscal (25 años de pena privativa de libertad por el delito de rebelión), lo que hace imperioso adoptar las medidas coercitivas necesarias para que, de ser el caso, se pueda materializar la ejecución del mandato judicial que se pudiere emitir".
“Betssy Chávez no ha pensado salir en libertad para irse afuera", dijo su abogado
En el programa Las cosas como son de RPP; Raúl Noblecilla, defensa legal de Betssy Chávez, dijo que su patrocinada "no ha pensado salir en libertad para irse afuera" ya que la "lucha es interna".
Sin embargo, aseguró que existe la posibilidad de que Betssy Chávez postule por el partido Juntos por el Perú a la Cámara de Diputados o al Senado en las elecciones generales previstas para abril de 2026.
Raúl Noblecilla, también dijo que Betssy Chávez había sido dada de alta de una clínica del distrito de San Martín de Porres, donde fue internada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante varios días en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.
Comparecencia con restricciones
Como se recuerda, el último 3 de septiembre, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley ordenó que la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, afronte bajo mandato de comparecencia con restricciones el proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022.
Actualmente, Betssy Chávez afronta un juicio oral junto al expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de estado del 7 de diciembre de 2022, razón por la cual el Ministerio Público solicitó la pena de 25 años de prisión al ser acusada como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.