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PJ evaluará este jueves 11 de setiembre pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Betssy Chávez

Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros.
Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros. | Fuente: Andina

El requerimiento de la fiscal Zoraida Ávalos busca que se ordene esta medida restrictiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros, a fin de asegurar su presencia en el juicio oral que afronta ante el Poder Judicial por este caso.

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La suerte de la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, quedó en poder del juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, quien este este jueves 11 de setiembre evaluará si ordena que no salga del país por un plazo de 12 meses como parte del proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de estado que protagonizo el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 2:30 de la tarde, el magistrado evaluará el requerimiento que hizo la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos, el último 8 de setiembre, para que se ordene el impedimento de salida del país de Chávez Chino por un plazo de 12 meses con el fin de asegurar su presencia en el juicio oral que afronta ante el Poder Judicial por este caso.

El juez supremo provisional Campos Barranzuela escuchará este jueves los argumentos de las partes procesales involucradas, a fin de emitir una decisión respecto al requerimiento que hizo la representante del Ministerio Público en este caso.

Comparecencia con restriccicones

El último 3 de setiembre, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley ordenó que la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, afronte bajo mandato de comparecencia con restricciones el proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022.

El magistrado dispuso que Chávez Chino cumpla las siguientes reglas de conducta: La obligación de no ausentarse de la localidad de Lima sin previa autorización judicial, que sea sometida a un control biométrico cada siete días, así como también la obligación de presentarse ante la autoridad judicial o fiscal en la hora y fecha que sea requerida para cualquier actuación del proceso.

El juez supremo provisional Checkley Soria considero que estás medidas restrictivas son idóneas, necesarias y proporcionales a fin de evitar el peligro procesal de fuga respecto a Betssy Chávez quien se encuentra actualmente afrontando un juicio oral por este caso.

"Restricciones que resultan idóneas, en tanto permiten atenuar el peligro de fuga que se apreció al dictársele la prisión preventiva; necesarias porque no existe otra medida alternativa menos gravosa para sujetarla al proceso penal, y es una medida proporcional, porque considerando sus fines legítimos, permite asegurar la comparecencia al juicio oral, con una mínima afectación a la libertad personal", precisa el magistrado en su resolución.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley precisó que estás restricciones se deben cumplir bajo "apercibimiento" o "advertencia" que en caso de incumplimiento será revocada la medida de comparecencia impuesta a la exjefa del Gabinete Ministerial, conforme al artículo 287, inciso 3, del Código Procesal Penal.

De esta manera, el magistrado dio trámite a lo establecido en la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en la que dejó a salvo su competencia para dictar las medidas necesarias para asegurar la presencia de Betssy Chávez  en las diligencias judiciales relacionadas a dicho proceso penal tras anular la resolución judicial que emitió su despacho el 27 diciembre del 2024 en la que ordenó la prolongación del mandato de prisión preventiva que pesaba contra de la exjefa del Gabinete Ministerial por haber sido dictada fuera plazo establecido por la ley.

Betssy Chávez afronta un juicio oral junto al expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de estado en el cual el Ministerio Público pidió que se le imponga la penal de 25 años de prisión al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.

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