INPE
La carceleta del INPE estaba ubicada en el Palacio de Justicia. | Fuente: Andina / Referencial

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio Público están enfrentados por la reubicación de la carceleta judicial, que esta semana pasó del Palacio de Justicia a la sede principal de la institución, en la cuadra 5 de la avenida Abancay.

A través de un comunicado, el Ministerio Público cuestionó el cambio, al considerar que pone en peligro el libre tránsito por el constante traslado de personas detenidas. Según su versión, esto dificultaría el pase por las aglomeraciones de los buses del INPE.

“Pone en riesgo a los niños de la Cuna Jardín del Ministerio Público y la vida de las personas que visitan el Centro Histórico, al provocar aglomeraciones de buses del INPE estacionados en la sede principal de la institución, que dificultarían el ingreso de equipos de rescate en caso de emergencia”, reza el comunicado.

Además, alertó que con esta reubicación el INPE y el Poder Judicial estarían infringiendo normas que prohíben la edificación de establecimientos penitenciarios y de reclusión temporal en la zona.

“En el año 2005, el Ministerio Público formó denuncias en contra de estas instituciones ante la Municipalidad, logrando la paralización del traslado en dos oportunidades. Sin embargo, ellos han continuado con la construcción y han habilitado esta carceleta”, adujo la institución presidida por Pedro Chávarry.

En respuesta, el INPE aseguró que la nueva carceleta cumple con las medidas de seguridad, impide la exhibición de detenidos y que pronto contará con un tópico para diagnosticar diabetes, TBC y VIH, hecho que -sostuvo- fue constatado por la propia Municipalidad de Lima.

“El fiscal de la Nación arbitrariamente clausuró el ingreso a la carceleta, impidiendo que se ejecuten los mandatos judiciales que disponen la privación de libertad y que la Policía ponga a los detenidos a disposición del INPE para su internamiento en un penal”, refirió en un comunicado.

También acusó que la decisión de la Fiscalía “impidió que 60 detenidos no reciban oportunamente sus útiles de aseso ni sus alimentos, lo que demuestra su relativo aprecio por los derechos fundamentales de los detenidos y su poca consideración por sus familiares”.