Pronabi subastó inmuebles de propiedad de Elena Iparraguirre y Carlos Burgos

Durante la subasta pública se adjudicaron, entre otros bienes, una vivienda ubicada en el Cercado de Lima y otra en el distrito de San Borja que eran de propiedad de la sentenciada por terrorismo y del exalcalde de San Juan de Lurigancho, respectivamente.

Subasta pública se realizó en el auditorio del Ministerio de Justicia. | Fuente: Foto: Archivo Pronabi

El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) subastó un inmueble que fue de propiedad de la sentenciada por terrorismo Elena Iparraguirre ubicado en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima. Fue adquirido por un valor de S/ 351,092.83.

Otro de los inmuebles subastados perteneció al exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, que fue adquirido por el importe de S/ 766,394.14. El mencionado predio está ubicado en el distrito de San Borja, en la urbanización Mariscal Castilla.

Igualmente, se subastó un inmueble ubicado en el departamento de Ucayali, por el monto de S/ 255,702.49, y dos departamentos en el distrito de San Miguel, por S/ 93,181.39 y S/ 64,800.00, respectivamente. Asimismo, un departamento en Jesús María, por un valor de S/ 131,500. También se subastaron 19 vehículos, entre autos de lujo, camionetas, camiones y automóviles.

Estos bienes fueron subastados el pasado lunes por el organismo adscrito al Ministerio de Justicia junto con otros 19 vehículos y 21 inmuebles valorizados en S/ 2,673,680.90. El monto recaudado en la subasta pública será utilizado para el mantenimiento de bienes bajo la administración del Pronabi.

Elena Iparraguirre es miembro de la organización terrorista Sendero Luminoso. En 1992 fue capturada en Lima junto Abimael Guzmán, fundador el grupo terrorista. Más adelante ambos fueron sentenciados a cadena perpetua por un tribunal militar secreto.

Por su parte, Carlos Burgos se encuentra desde hace unos días en prisión luego de estar fugitivo desde el 2017. El exalcalde tiene una condena de 16 años de prisión efectiva en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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