Roces entre instituciones públicas [COLUMNA]

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Pedro Castillo terminó su jornada recibiendo en Palacio de Gobierno a su hija Jennifer recién liberada de la prisión preventiva y a empresarios chilenos, a quienes ofreció seguridad juridica para sus inversiones. Castillo adelantó la realización próxima de un gabinete binacional para reforzar la confianza, dijo, entre dos repúblicas hermanas.

Otras autoridades tuvieron un final de jornada más tormentoso. Elvia Barrios, por ejemplo, quien realizó un pronunciamiento rodeada de todos los jueces de la Corte Suprema. En su calidad de presidenta del Poder Judicial, Barrios sostuvo que había un funcionario del Ministerio Público que pretendía ejercer presión sobre la Justicia.

Se refería quizás al fiscal Rafael Vela, quien solicitó que el juez San Martín se inhiba en los casos de lavado de activos de Lava Jato, que deben llevarse a cabo en pocas semanas. Barrios aludió también a extrañas diligencias en la Junta Nacional de Justicia, a pocos días de que este órgano evalúe la ratificación de algunos jueces supremos. Más tarde conocimos el informe del ponente Guillermo Thornberry sobre presuntas inconductas cometidas por Barrios hace más de cuatro años.

Por su parte el Tribunal Constitucional decidió por unanimidad la improcedencia de la solicitud del Congreso para ampliar la demanda competencial. De ahí se deriva que el TC no decidirá nada sobre la interpretación del artículo 117, del que depende la posibilidad de que continúe la investigación a Pedro Castillo.

Solo el juez Víctor Zúñiga actuó sin darnos sorpresas e impuso prisión preventiva a tres allegados al presidente Castillo, conocidos como miembros del Gabinete en la sombra.

Estábamos acostumbrados a la polarización entre Congreso y Ejecutivo. Si no se impone la serenidad y las fricciones continúan, corremos el riesgo de tener que acostumbrarnos también a la polarización entre órganos del Estado que deberían colaborar para que se persiga el delito y se restablezca la confianza de los ciudadanos.

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