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El abogado penalista César Nakazaki explicó que la conducta de la presidenta en las diligencias, y la falta de disposición de entrega de los relojes Rolex a la Fiscalía agravan la situación de la jefa de Estado
Judiciales
César Nakazaki explicó por qué la situación de la mandataria se complica tras los allanamientos
El Ministerio Público y personal de la Diviac allanaron, desde el último viernes por la noche hasta el sábado por la mañana, el domicilio de la presidenta Dina Boluarte, ubicado en Surquillo, y Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias preliminares en torno al uso de relojes Rolex por parte de la jefa del Estado.
Desde entonces, tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso se han levantado voces calificando la medida como "innecesaria", "abusiva" y hasta "inconstitucional". Ante ello, el Ministerio Público, el último sábado, emitió un comunicado rechazando esas imputaciones y reafirmando su plena correspondecia con la normativa vigente.
Otro aspecto de dichas diligencias es el de las implicancias legales para la mandataria. Al respecto, RPP conversó con el abogado penalista César Nakazaki quien consideró que la situación de la mandataria se complica tras la actuación de la Fiscalía.
Se complica la situación de Dina Boluarte
Nakazaki Servigón explicó que un "primer gran problema" para la jefa de Estado era el reloj Rolex, cuya documentación de origen fue encontrada por la Fiscalía en su casa de Surquillo.
"Ese reloj es el primer gran problema, ese es el que tendrá que explicar. El primero, pero no el único. Por que la calidad de las fotografías, el seguimiento de las actividades públicas de la presidenta hace imposible que ella no reconozca,por lo menos, tres a cuatro Rolex más la pulsera Cartier. Ella va a tener que justificar, y quizá esa es la primera gran pregunta de sus abogados, ¿cuántas joyas debemos justificar?", indicó Nakazaki.
Sin embargo, indicó que la situación de la presidenta también se complica con su propia actuación desde que iniciaron las diligencias fiscales, siendo la principal el hecho de no haber entregado los relojes a la Fiscalía antes y durante el allanamiento.
"Sí (complica su situación), porque la conducta del investigado es prueba. Técnicamente es prueba, para efectos prácticos. Positiva si es de colaboración con la justicia, o negativa si es en obstrucción a la justicia. A ella se le dijo ‘exhibe’ y no exhibió, ‘entréganos’ y no solo no entrega, sino que dice ‘búscalos’ (…) Eso consolida el porqué de la incautación", aseveró.
"Si alguien cuestionaba por qué se le incautó, por qué el allanamiento: esas medidas se toman cuando hay peligro de pérdida de pruebas. Y la mejor demostración de que estuvieron bien dadas las medidas es que no están los Rolex", acotó.
Vale resaltar que uno de los principales argumentos de quienes consideran desproporcionada la actuación del Ministerio Público es haber entrado al domicilio de la mandataria haciendo uso de la fuerza. Sobre ello, Nakazaki consideró que esa posibilidad es parte del allanamiento.
"El allanamiento es autorización de la fuerza pública, si es necesario. El allanamiento es uso de la fuerza. Hay un acta fiscal en la que consta que se dio 10 minutos para que se abra la puerta porque fue lo que ofreció el hijo de la presidenta. No lo hace, ingresan. Una vez que ingresan, el hijo de la presidenta hace un segundo pedido: no inicien el registro domiciliario hasta que venga el abogado. Lo aceptan", refirió.
Además, hizo hincapié en que, en el acta fiscal, no figura ninguna protesta por parte del abogado de Boluarte.
"Que yo sepa, el abogado, en el acta, no ha dejado constancia de ninguna protesta de irregularidades, la ha firmado, y lo que tengo entendido es que no ha interpuesto ningún recurso cuestionando la medida. Entonces, la medida fue absolutamente regular, proporcional", aseveró.
"Lo inconstitucional es la manera como ella se defiende"
Por otro lado, César Nakazaki consideró que no es inconstitucional el allanamiento del Ministerio Público, sino "la manera" como la presidenta "se defiende".
"El primer funcionario público que debe respetar las investigaciones penales es el presidente de la República. Y si tiene necesidad de defenderse, tiene que hacerlo dentro de los cauces que la Constitución y la ley le permiten: designar un abogado, promover sus mecanismos dentro de las investigaciones. Pero una presidenta no puede confrontar, atacar, directamente a la Fiscalía. No puede utilizar el poder político, su cargo, para hacer la defensa penal de su caso; eso es lo grave (…) El usar a las FF.AA. (…), hoy nos habla de un nuevo tipo de golpe de Estado", indicó.
"Hace que el presidente del CCFFAA se pronuncie, que el ministro de Defensa se pronuncie, que los altos mandos salgan en una foto con ella. ¿Qué está diciendo? Fiscalía no te metes conmigo porque yo tengo el poder militar (…) Eso no va a parar ninguna investigación", puntualizó.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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