Durante una entrevista con el programa 'Nada está dicho' de RPP, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, dijo que han solicitado también S/ 2 000 millones como daño extrapatrimonial.
La procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, informó que se ha identificado 1 400 millones de soles como daño patrimonial al Estado peruano en el proceso en el que se investigan las irregularidades de la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).
"Este monto es dinero que el Estado ya desembolsó a raíz de los sobrecostos ilegales, las valorizaciones indebidas y las adendas que fueron aprobadas durante la ejecución del proyecto y tienen base en informe de control y pericias ordenadas por la Fiscalía", contó en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.
Silvana Carrión indicó que, como daño extrapatrimonial (indemnización), la Procuraduría solicitó 2 000 millones de soles. "Estos dos montos son los que vamos a ir a litigarlos en el juicio", manifestó.
La Fiscalía presentó acusación en este caso contra Alejandro Toledo (expresidente de la República), Avraham Dan On (seguridad del expresidente), Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font (miembros del comité de Pro Inversión); José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero); Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (JJC Contratistas Generales); y José Fernando Castillo Dibos (ICCGSA).
Asimismo, las empresas que formaron las concesionarias "Interoceánica Sur - Tramo 2 S.A." e "Interoceánica Sur - Tramo 3 S.A.", y que han sido incorporadas en el proceso como terceros civilmente responsables a la solicitud de la Procuraduría son Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA, además de incluir a las mismas empresas concesionarias.
PEDIDO A SUNAT
La procuradora Silvana Carrión manifestó, además, que ha requerido a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) la entrega de la lista de las grandes empresas que se habrían visto beneficiadas con una posible prescripción de su deuda, en caso el Tribunal Constitucional (TC) hubiera declarado fundada la demanda, a fin de ver si alguna estas se encuentra vinculada a las investigaciones del caso Lava Jato.
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