Tribunal deniega libertad condicional al fundador de Megaupload

Un tribunal de Nueva Zelanda denegó la libertad condicional solicitada por el fundador del portal Megaupload, Kim Schmitz, cuya extradición pide Estados Unidos por supuesta piratería informática.

La decisión judicial fue anunciada por el tribunal del distrito de North Shore, a las afueras de Auckland, y ante el que Schmitz, más conocido por Dotcom, compareció el pasado lunes, tres días después de que fuera detenido en respuesta a un requerimiento del FBI estadounidense.

El juez David McNaughton dijo que Dotcom permanecerá en prisión preventiva hasta el próximo 22 de febrero, cuando se espera que se celebre una vista sobre la petición de extradición hecho por las autoridades de Estados Unidos por supuesta piratería informática y otros delitos.

Schmitz y los tres directivos de Megaupload fueron detenidos el pasado viernes en el marco de una amplia operación internacional coordinada por el FBI, que ha llevado a cabo la investigación sobre las actividades de este portal de descargas, uno de los más empleados en la Red hasta su intervención.

El lunes, al terminar la larga vista, el magistrado neozelandés indicó que necesitaba un tiempo para examinar los argumentos esgrimidos por la defensa del acusado y la fiscalía.

Tras su detención, el tribunal decretó prisión preventiva para el informático alemán, de 38 años, y sus compatriotas Finn Batato, de 38 años y jefe técnico del portal, y Mathias Ortman, de 40 años y cofundador de Megaupload, así como para el holandés Bram van del Kolk, de 29 años.

Los otros tres ejecutivos permanecerán también en prisión preventiva hasta que se decida su situación en otra vista sobre su petición de libertad condicional.

El juez McNaughton considera que su decisión sobre la petición de libertad condicional de Dotcom influirá en su fallo respecto a la solicitud de sus asociados.

En el caso de que la justicia de Nueva Zelanda apruebe la extradición, los cuatro detenidos serán procesados en Estados Unidos por cargos de crimen organizado, blanqueo de dinero y violación de la ley de derechos de propiedad intelectual, delitos por los que pueden ser condenados a una pena máxima de 50 años de cárcel.

EFE